"Mi hijo de 13 años me lee los papeles del juzgado"

Que un niño de 13 años domine internet en el 2021 no merecería ni ser citado. Que use esos conocimientos para ponerse en contacto con el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo o toda la prensa catalana para lanzar un grito de auxilio para ayudar a su madre y sus hermanos pequeños, de seis y siete años es otra historia. Es la historia del pequeño Adham.

Kaoutar, su madre, abre la puerta con la mascarilla puesta y una enorme carpeta entre las manos. Lo tiene todo documentado. Lo primero que hace es aclarar que no ha sido ella la que ha mandado la carta al diario explicando su caso, sino su hijo mayor. "Yo no sé leer ni escribir", señala. Lo que sí sabe y tiene clarísimo es qué quiere. Un presente y un futuro para sus hijos. Y justicia. También pide de forma insistente justicia y un hogar tranquilo en el que poder levantarles ("ellos son el futuro de este país", defiende cuando recuerda enfadada como una trabajadora pública la invitó a irse a vivir a Alemania, donde tiene un hermano). Maltratada por su exmarido y padre de sus hijos, Kaoutar cría sola, sin red, a sus tres niños. Logró escapar de su ex; divorciarse, pero lo que no sabía entonces es que lo tocaría empezar otra travesía, la de encontrar un techo. Sus tres hijos han pasado en su corta vida por infinitos alojamientos (llamarles casa sería faltar a la verdad): albergues, pensiones, habitaciones realquiladas y pisos okupados, como en el que recibe a EL PERIÓDICO en Mollet, propiedad de la Generalitat de Catalunya. Un piso sobre el que pesaba una segunda orden de desahucio para el pasado 10 de diciembre, finalmente aplazada por el covid; pero solo eso, aplazada. Ahí sigue.

"Mis hijos me ven mal y están mal ellos", repite sentada en el sofá de un comedor prácticamente desnudo. El mismo sofá en el que explica que duerme, por miedo a que les entren. Tiene todas las ventanas rotas. "Como yo no sé leer, la persona que me lee los papeles cuando llegan del juzgado es mi hijo mayor. Él conoce toda la historia", relata la mujer con la mirada triste y cansada, quien entre el 2016 y el 2018 estuvo bajo el sistema de acogida para mujeres maltratadas del Ayuntamiento de Barcelona.

Fuera del circuito

Tras salir del circuito de protección buscó una habitación realquilada en Sant Andreu. Entonces trabajaba de camarera de piso y los niños se quedaba con la familia que le alquiló la habitación. "Pero los niños se levantan muy temprano, se mueven mucho y les molestaban. Además, había unas normas muy estrictas, no me dejaban duchar a mis hijos cada día, teníamos que comer dentro de la habitación, así que me fui a buscar ayuda a servicios sociales en Sant Andreu, pero no me ayudaron, así que fue a una casa okupada", cuenta. Le 'compró' las llaves a un hombre que le aseguró que el piso era del banco, pero resultó ser de un particular. El dueño le puso una denuncia, fue a servicios sociales a pedir ayuda y le dijeron que por qué no se planteaba salir fuera de Barcelona, prosigue el relato mostrando los papeles de cada visita.

Un día, iba en el metro sentada al lado de una chica marroquí que la vio llorando, le explicó lo que le pasaba y esta le dijo que conocía a alguien que "tenía viviendas okupas del banco". "Y acabé aquí. Hice un trato con él. Me dijo que era del banco, pero resultó que tampoco, que era de la Generalitat. A la semana de pagarle el dinero del piso, 800 euros, vino para echarme y me rompió las ventanas, las puertas... Vivo con miedo", denuncia esta madre, quien insiste en que lo que quiere es "su piso de Barcelona". Un piso social que el Ayuntamiento de Barcelona le preasignó, pero no le llegó a entregar nunca "porque me faltaba un papel", reitera la mujer.

Según subrayan desde el Ayuntamiento de Barcelona, este hizo "un importante esfuerzo" para que la mujer terminara los trámites para poder adjudicarle la vivienda que le había sido asignada, "dilatando los plazos al máximo y coordinándose con los distintos servicios sociales". "Pese a constatar que no residía en Barcelona [finalmente la localizaron cuando ya, desesperada, se había mudado a Mollet], y ser este un requisito imprescindible para acceder a una vivienda, se siguió adelante con los trámites dada su vulnerabilidad, pero seguía faltando la documentación del expediente", aseguran desde el consistorio, que insisten en que "se hizo todo lo posible para localizarla y ayudarla". Es evidente que "todo lo posible" en el caso de Kaoutar y de sus tres hijos no fue suficiente.

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