Entre el 6 y el 8% de los ancianos de las residencias han muerto durante la pandemia

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la fiscal de Sala coordinadora de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, han hecho balance de la actividad desarrollada por el ministerio público durante la pandemia, sobre todo en una de sus funciones más desconocidas como es la de dar protección de las personas vulnerables, que ha tenido una gran relevancia en las residencias, donde se ha registrado el fallecimiento de entre un 6 y un 8% de sus residentes desde que comenzó la pandemia. Esa experiencia ha permitido a la exfiscal general del Estado a identificar las deficiencias que presentaban estos centros.

Según dijo, existen problemas en las residencias "a nivel de gobernanza", de financiación, de formación del personal, que fue reclamado por los hospitales, de la atención médica y hasta un déficit en el sistema de inspección. En su opinión, este último se debe a problemas estructurales, como un 40% de residencias muy pequeñas, que impidieron aislar a los contagiados y tratarles adecuadamente. Ni siquiera existía un censo completo de este tipo de centros, dijo.

La actividad fiscal se vislumbra en las 441 diligencias penales que se han llegado a abrir en algún momento. De ellas 209 siguen activas, más de la mitad concentradas en Madrid, con 112, mientras que las demás comunidades plantean una incidencia muy alejada con 19 en Castilla y León y 14 en Catalunya. En Madrid, en cambio, se han presentado cuatro denuncias penales frente a las siete catalanas y las cinco castellanoleonesas.

Casi el 43% de las denuncias recibidas en las fiscalías de toda España fueron por homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro (189), mientras que un 37% por la situación en general de las residencias (163). El resto tienen motivos diversos, como deficiencias en la atención médica, lesiones, delitos contra los trabajadores, trato degradante o abandono de familia.

Vacunación

La especialidad de Segarra son los procedimientos abiertos por la vía civil para proteger a quien no puede hacerlo por sí mismo. Figuran 476 diligencias preprocesales abiertas, pero es difícil compararlas por comunidades autónomas, por la forma desigual de agruparlas, de tal forma que Madrid solo presenta cuatro y Asturias, 140, y llegó a tener 319.

En este ámbito constan tres diligencias seguidas ante la negativa de familiares a autorizar la vacunación de las personas con discapacidad severa. La actuación fiscal defiende que ni familia ni cuidadores carecen de la capacidad de decidir cuando el criterio médico individualizado aboga por la pertinencia de la vacuna.

También se han abierto diligencias por un elevado número de fallecimientos en el centro o falta de atención sanitaria, gracias, según Segarra, al compromiso diario de los fiscales para proteger a estas personas, incluso en los tiempos más duros del confinamiento, lo que les obligó a plantarse ante consejerías para reclamar un contacto con algunos centros y utilizando la información que les llegaba de familias y oenegés cuando las inspecciones presenciales eran inviables.