CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
El fiscal acusa a tres funcionarios de "inacción" ante el ruido de los bares en Sitges
La denuncia sostiene que los técnicos no cumplían con sus obligaciones y dejaban caducar expedientes
Los dueños de dos locales de ocio y de un restaurante de la localidad figuran entre los encausados
El ministerio público subraya los perjuicios ocasionados a los vecinos y la afectación a su salud
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra tres técnicos municipales del Ayuntamiento de Sitges por presuntamente eludir "de forma consciente por pasividad e inacción" sus obligaciones de control e inspección de la contaminación acústica de dos locales de ocio nocturno de la localidad y de un restaurante, cuyos administradores también han sido acusados por no cumplir la normativa para evitar los ruidos generados desde los establecimientos.
La denuncia expone que el casco antiguo de Sitges concentra un importante número de locales de ocio nocturno, siendo el epicentro de dicha actividad entre las calles Bonaire y Joan Tarrida. Este lugar forma parte del Eix Lleure conforme al plan de mejora urbana del casco antiguo y está incluido en la denominada zona acústica de régimen especial. La fiscalía recuerda que la existencia de numerosos bares o restaurantes en ese lugar "viene generando desde hace años continuos problemas de contaminación acústica", al sobrepasarse los valores máximos permitidos en cuanto a nivel sonoro. Esta situación, a su entender, comporta "perjuicios" a los vecinos, ya que el ruido "impide su correcto descanso" y genera "un grave riesgo para sus salud física y psíquica".
La fiscalía empezó a investigar en agosto de 2017 a raíz de la denuncia presentada por la plataforma vecinal de las calles Bonaire y Joan Tarrida por un presunto delito de medio ambiente y en la que exponía, además, "la inacción" del Ayuntamiento de Sitges frente a las reiteradas quejas ciudadanas. A raíz de las pesquisas se ha podido acreditar mediante la toma de muestras sonométricas que el nivel sonoro producido por las actividades nocturnas de tres locales sitos en esa zona "excedía con creces" los baremos permitidos conforme a la normativa vigente.
La denuncia de la fiscalía expone que los administradores de estos negocios son los "responsables últimos de la actividad realizada, obviando sus obligaciones en cuanto al cumplimiento de la normativa medioambiental cuanto menos desde septiembre de 2017, "siendo conscientes de las molestias y afectación" para la salud de los vecinos. La acusación pública detalla en su escrito las secuelas padecidas por algunos de las personas perjudicadas por el exceso de ruido.
Tolerancia de los funcionarios
La investigación "ha evidenciado", añade la denuncia de la fiscalía, la "tolerancia que determinados funcionarios del Ayuntamiento de Sitges" han ejercido durante un largo periodo de tiempo hacia "esas actividades contrarias a la normativa medioambiental", eludiendo sus obligaciones de control y, a pesar, de tener conocimiento de la situación. El ministerio público acusa de esta "inacción" a dos ingenieros técnicos municipales del Ayuntamiento de Sitges entre 1986 y 2018, así como al responsable de las licencias de actividades y después nombrado jefe del servicio de disciplina y sanciones. Ellos eran los encargados de ejercer las competencias en materia de control de las actividades llevadas a cabo por los locales de ocio del municipio.
De la documentación aportada por el Ayuntamiento a la fiscalía, sostiene la denuncia, "se observan graves irregularidades en cuanto a las funciones de inspección y control de las actividades", así como la falta de "respuesta eficaz y de actuación ante las quejas y denuncia de los afectados". Es decir, a su entender, una "inacción" frente a la "evidente constatación de infracciones en materia medioambiental". Incluso, se dejaban caducar los expedientes sancionadores incoados.
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