Querella contra unos chatarreros por verter residuos cancerígenos

La Fiscalía de Barcelona acusa a los administradores y empleados de dos empresas de chatarrería de Barberà del Vallès (Vallés Occidental) de verter ilegalmente residuos metálicos en vertederos al aire libre, pese a tratarse de desechos contaminantes y con potencial cancerígeno. La querella ha sido presentada en los juzgados de Cerdanyola y va dirigida contra siete personas, la mayoría de ellos con vínculos familiares, por un delito contra el medio ambiente.

El ministerio público atribuye a los querellados haber generado un "riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas expuestas", al depositar más de 600 toneladas de despojos metálicos al aire libre y en el vertedero Can Matas de Els Hostalets de Pierola (Anoia), pese a que éste solo es apto para residuos inertes.

Según la querella, los responsables de la chatarrería, creada en el año 2004, pidieron en enero de 2016 una licencia ambiental para desguazar vehículos fuera de uso y recuperar así los metales de valor, solicitud que el Ayuntamiento de Barberà les denegó por no ser suficiente la documentación que presentaron. Pese a ello, añade el fiscal, en enero de 2018 los querellados pusieron en marcha, "de manera clandestina y sin ningún tipo de autorización ambiental", una fragmentadora y una separadora de metales para tratar motores y aparatos eléctricos recogidos de forma irregular y sin la documentación acreditativa de su prodecencia.

Material peligroso

Los chatarreros generaron así una gran cantidad de residuos de fragmentación, denominados FLUFF-LIGHT y catalogados como peligrosos porque contienen ploricloruros de bifenial, unos compuestos que no se degradan ambientalmente. De hecho, añade la querella, se ha demostrado la relación de este tipo de productos con determinados tipos de cáncer y de disruptores hormonales que afectan a la reproducción y al normal desarrollo del sistema inmunológico.

Siendo conocedores de los riesgos que comportaban esos vertidos, los acusados arrojaron los restos metálicos en un vertedero reservado a residuos no peligrosos, con el fin de "evitar los elevados costes económicos que comportaba su eliminación". La acusación sospecha que los querellados también pretendían esquivar los controles de la Administración, puesto que si declaraban los residuos como peligrosos se habría puesto de manifiesto que su actividad carecía de las autorizaciones pertinentes y era clandestina.