La comunidad de la 'rave' de Llinars había montado eventos similares en España y Europa

Los Mossos d'Esquadra creen que detrás de la macrofiesta internacional que se celebró durante 40 horas en la nave de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) está una suerte de comunidad “relativamente bien organizada” que ya ha organizado en el pasado eventos de dimensiones similares en España o en otros puntos de Europa, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. El capítulo de este Fin de año, sin embargo, es insólito: en plena pandemia y cuando los países europeos más restricciones de movilidad imponen a sus ciudadanos ha concentrado en una nave industrial del Vallès Oriental a centenares de jóvenes procedentes de todos los rincones del continente.

Según el mayor Josep Lluís Trapero, los impulsores del evento no anunciaron hasta pocas horas antes el punto exacto en el que se celebraría la ‘rave’. Una precaución que superó la capacidad de detección de la policía catalana y que también demuestra el grado de conexión que prevalece entre los asiduos a estas reuniones clandestinas que comparten el amor por la música electrónica, tal como gritaba la mujer cuya imagen se ha viralizado al tratar de interlocutar en topless con los antidisturbios que el sábado acudieron a desalojarlos. Es decir, los organizadores –con capacidad para trasladar secretamente poderosos equipos de sonido, ordenadores, tablas de mezcla y atrezo– mantuvieron en vilo a centenares de personas desplazadas hasta Catalunya procedentes de distintos países de Europa para proteger la fiesta. Y cuando comunicaron el punto exacto de encuentro, estas se montaron en sus vehículos, casi todos adaptados para pernoctar en su interior –camiones, caravanas o furgonetas– y se encontraron en el lugar indicado: La Bòbila, una nave gigantesca en la que antiguamente se fabricaban ladrillos. Sobre las 21.00 horas del 31 de diciembre ya estaban en marcha. El plan era seguir hasta el día 3 de enero pero la intervención policial frustró las expectativas.

Que la mayoría se conocía de antes de la fiesta también parece apuntarlo el hecho de que, tras ser expulsados de La Bòbila, varios de ellos han permanecido juntos. La Policía Local de Dosrius expulsó la noche del sábado once caravanas que habían recalado en un terreno del municipio. La de Arenys de Mar ha hecho lo propio con otras 20 caravanas que este domingo habían intentado establecerse en la playa del Maresme. Los Mossos han informado asimismo de que otro grupo ha ocupado ilegalmente una casa de la localidad de Tagamanent. Se van marchando, quizá, como llegaron: juntos.

Los arrestados

Los dos detenidos como supuestos organizadores de la ‘rave’ pasarán este lunes a disposición judicial. Se trata de un hombre de Tarragona de 22 años y de una mujer holandesa de 29. Los Mossos han solicitado a la Fiscalía que valore la posibilidad de acusar a ambos de un delito contra la salud pública. Existen otras cinco personas a quienes la policía catalana, que incluyó investigadores en la operativo de desalojo que se activó el sábado a las doce del mediodía, considera sospechosas de impulsar el evento o de desobedecer gravemente las advertencias del cuerpo autonómico. La patronal catalana del ocio nocturno Fecasarm y la de ámbito estatal Spain Nightlife han anunciado este domingo que ejercerán la acusación popular contra los arrestados.

La inmensa mayoría de participantes abandonó el recinto de La Bòbila después de someterse a pruebas de alcoholemia. Los 61 test practicados dieron resultado negativo. Solo se practicó un control de estupefacientes, que dio positivo. Según los Mossos, cada uno de los asistentes recibirá una multa. El problema es que de los 215 que fueron identificados, solo un centenar eran españoles. Entre el resto había 35 franceses, 10 italianos, 10 andorranos y ciudadanos procedentes de países como Holanda, Austria o Luxemburgo. Responsables policiales admiten que difícilmente estas sanciones los alcanzarán. Una contrariedad que amplifica la percepción social de impunidad que rodea esta extraño capítulo.  

El episodio ha avivado un nuevo enfrentamiento entre los socios de Govern y, al margen de las acusaciones que Esquerra y JxCat intercambian con el telón de fondo del 14-F, falta averiguar en qué cristaliza la promesa del ‘vicepresident’, Pere Aragonès, de revisar por qué se demoró casi dos días la intervención policial para clausurarla. Un rifirrafe al que se ha sumado la CUP acusando a los Mossos de mostrarse más dubitativos con una fiesta ilegal y multitudinaria que con los desahucios.