Derechos laborales

Una jueza deniega a una letrada aplazar un juicio en Extremadura en una fecha próxima al parto

La vista está fijada para el 19 de enero y espera dar a luz el 17, dos días antes

Denuncia que sufre una discriminación por sexo y que vulnera su derecho a ser madre

Una imagen de archivo de los juzgados de Cáceres, donde ha ocurrido esta situación.

Una imagen de archivo de los juzgados de Cáceres, donde ha ocurrido esta situación. / SILVIA S. F.\EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA (EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA)

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El Periódico

Una jueza deniega a dos abogados cacereños la suspensión de un juicio pese a estar señalado en una fecha muy próxima a la que esperan dar a luz a su primer hijo. Ambos, un matrimonio de letrados que trabajan en el despacho Jiménez Bustamante Abogados y Asesores, defienden a dos menores en este procedimiento y ninguno de los dos, precisamente porque van a ser padres, podrán asistir ni realizar la defensa debido a la fecha fijada para la vista. Fue señalada el día 19 de enero de 2021, cuando la fecha prevista para el parto es el 17 de ese mes.

Ante esta situación, presentaron el correspondiente informe de maternidad en el que consta la fecha prevista para el alumbramiento, para solicitar precisamente a la magistrada, la titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres, la suspensión de esa vista a la espera de que fijara una nueva fecha para su celebración. Según los letrados, la jueza no tiene la obligación de suspender el juicio, puesto que en el momento en el que se ha solicitado no existe una baja médica, pero aclaran que piden el aplazamiento precisamente por «colaborar con la justicia», para evitar que se suspenda días antes de su celebración.

Por sorpresa, en la providencia que dicta la jueza no solo deniega su solicitud, sino que requiere a sus clientes para que designen nuevos letrados, con la advertencia de que, si no lo hacen, se les nombrarán de oficio. Todo ello, según detalla en dicha providencia, porque se trata de una baja de «previsible larga duración» y porque esta causa ya ha «sufrido cierta dilación», «imputando así a las partes el lento funcionamiento de la actividad judicial que, además, en este asunto no se ha producido, pues la instrucción ha durado menos de seis meses», aclaran los afectados en un comunicado.

Vulneración de derechos

La gravedad reside -insisten los abogados- en la separación de los letrados del procedimiento, ante lo previsible de que finalmente no tenga más remedio que suspender la vista puesto que no podrán asistir la defensa. Esto, aseguran, vulnera «no solo el derecho de los clientes a designar a los abogados de su elección, sino el derecho de la madre a no ser discriminada por razón de sexo y a su intimidad personal», pues el juzgado ha notificado a los clientes su estado gestacional. También atenta, añaden, contra «los derechos de los padres a no ser perjudicados, vulnerando su derecho al trabajo por el propio hecho de ser padres, acabando de un plumazo con siglos de lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, protección de la maternidad y fomento de la natalidad, así como los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y todo ello -recuerdan- al amparo de lo establecido en la Constitución Española y en la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres».

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Quieren denunciar su situación porque, por desgracia, aseguran los abogados, se trata de un problema común en los juzgados. «Cuando pregunté a más compañeras me contaron historias de todo tipo, una había ido a celebrar un juicio un día antes del nacimiento de su hijo, otra había solicitado la suspensión y lo máximo que consiguió fue el retraso del juicio un mes y tras pelearse durante varios días con la letrada de la Administración de justicia exigiéndole que quería parir tranquila. Y otro compañero tuvo que dejar a su hijo recién nacido y a su mujer que había sido intervenida de una cesárea pocos días después para acudir a una vista que el juez se negó a suspender», cuenta ella. Todo esto pone de manifiesto, aseguran ambos, «la necesidad de una regulación específica en esta materia para la protección de todos los derechos de los letrados».

Los afectados han recurrido la providencia emitida por la magistrada y solicitarán amparo al colegio de abogados de Cáceres para que no designe letrado de oficio para la celebración de la vista, ya que sus clientes se han negado a contratar a otro abogado.