Una empresa española organiza una cacería en Portugal donde se mataron a más de 500 animales

Una montería en una finca del municipio luso de Azambuja en la que fueron abatidos más de 500 animales ha generado indignación en Portugal, donde ha suscitado fuertes críticas de dirigentes municipales, partidos y ecologistas y va a ser investigada por las autoridades.

La polémica saltó después de que se compartiesen en redes sociales fotografías de la montería, que según estas publicaciones fue organizada por una empresa española de Badajoz y juntó a 16 cazadores en la finca Torre de Bela de Azambuja, a unos 40 kilómetros de Lisboa, donde fueron abatidos 540 animales, principalmente venados y jabalís.

El Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF, por sus siglas en portugués), que tutela el sector cinegético, ha informado de que no tuvo conocimiento previo de la montería, que se realizó en un área clasificada como "zona de caza turística".

Esa concesión prevé "la explotación del venado y del jabalí", también a través de monterías, pero debido al elevado número de animales supuestamente abatidos, el ICNF ha iniciado un proceso para averiguar lo ocurrido y si se ha incumplido la ley en vigor.

El Ayuntamiento de Azambuja también afirma que no recibió ninguna información oficial sobre la montería, que no precisa de autorización municipal, y ha pedido al ICNF y al Ministerio de Agricultura que verifiquen si hubo ilegalidades.

"Masacre"

La montería ha sido criticada por el teniente alcalde de Azambuja, Silvino Lúcio, a través de un comunicado del grupo municipal socialista en el que denunció que se trató de una "masacre" y un "crimen ambiental". Lúcio ha añadido que la finca donde se realizó está amurallada, por lo que "los animales no tenían donde huir".

A la indignación también se ha sumado el partido animalista PAN -que tiene cuatro diputados en el Parlamento portugués-, que la ha calificado de "matanza", a la vez que ha asegurado que va a exigir responsabilidades a las autoridades competentes.

Además, ha recordado en su comunicado que en la zona donde se ha realizado la caza está previsto instalar una central fotovoltaica con 765 hectáreas y que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en fase de consulta pública.

También se ha sumado a las críticas un diputado del Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, que ha escrito en su perfil oficial de Twitter que "fingir que este abatimiento masivo es para mantener el equilibrio ecológico y cinegético es un insulto".