España quiere corregir por ley su histórico déficit de enfermeras

La mejora de la atención primaria pasa por la contratación de más profesionales sanitarios que sitúen a la sanidad española en la excelencia de las ratios de los principales países de la UE. El índice español es equiparable al europeo en cuanto a médicos, pero el de la enfermería queda muy lejos de los estándares comunitarios. Frente a ello, el Congreso ha dado este martes un paso destinado a cambiar esta situación al aceptar tramitar la iniciativa legislativa popular promovida por el sindicato mayoritario de enfermeras Satse (con el apoyo de 660.000 firmas) destinada a paliar el déficit histórico de estos profesionales, especialmente en la colapsada atención primaria. Y es que, frente a la tasa de una enfermera por cada 1.000 habitantes fijada por el Ministerio de Sanidad, en realidad en muchos centros de salud el cupo llega a 1.600 o 1.800 habitantes.

Aun así, la llamada ‘ley de ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente’ no va tan lejos y establece que en los centros de atención primaria no se rebase la asignación de 1.500 ciudadanos, “pudiéndose reducir esa cantidad en función de la tasa e indicadores de complejidad, tales como la edad, la cronicidad, la pluripatología y otras”.

En cuanto a los hospitales, la norma fija un máximo de seis pacientes por enfermera, pudiéndose asignar hasta ocho en función de las condiciones de los enfermos, las características de la unidad y la franja horaria. Y en las ucis un máximo de dos, cuando actualmente en muchos centros hospitalarios la ratio es de 15 a 20 en planta y hasta cinco enfermos en cuidados intensivos por cada profesional de la enfermería.

El apoyo ciudadano

Unas cifras que provocan que España sea el cuarto país europeo con mayor déficit de enfermeras, según los datos recabados por Satse en un estudio en 2018 que fue el germen de la ley que se ha admitido este martes a trámite. “Viendo que no conseguíamos avanzar con las administraciones, decidimos pedir el apoyo ciudadano a una ley que haga que España sea el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en contar con una norma que garantice la seguridad en la atención sanitaria y de cuidados a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero”, explica María José García, portavoz del sindicato mayoritario en la profesión.

"Viendo que no conseguíamos avanzar con las administraciones, decidimos pedir el apoyo ciudadano"

— María José García, Portavoz de Satse

Según dicho estudio, en España hay 5,3 enfermeras por 1.000 habitantes, frente a 8,8 de media en la UE, por lo que sería necesario crear 131.000 plazas nuevas, 87.000 en el sistema público y 42.000 en la sanidad privada para alcanzar los ratios comunitarios. España ocupa el puesto 24 de los 28 países, cuando en número de médicos supera a la media europea, con 3,9 facultativos por cada mil habitantes frente a 3,3 de ratio medio. Y es que a partir del 2008 aumentó considerablemente el número de doctores al calor de la bonanza económica, que llevó a las comunidades a construir más centros sanitarios, si bien estos no se dotaron del suficiente número de enfermeras, según la portavoz de Satse, por la “falta de visibilidad sobre lo que las enfermeras pueden aportar”.

Incremento de la mortalidad

Alrededor de un centenar de estudios científicos señalan que la falta de enfermeras incrementa el riesgo de muerte hasta un 13% y conlleva un aumento sustancial de infecciones, de la probabilidad de reingreso y por tanto de los costes sanitarios asociados, según denuncia el sindicato.

Catalunya no es ajena al déficit de enfermeras hasta el punto de que el sector ha recibido con buenos ojos que la Generalitat haya anunciado que las primeras dosis de la vacuna contra el covid la administrarán 500 enfermeras, si bien el sindicato Infermeres de Catalunya ha avisado de que esta tarea no es asumible por las profesionales que actualmente trabajan en los CAP, debido a la sobrecarga de trabajo que sufren, y que será “difícil” encontrar a esas 500 profesionales si “no se ofrecen unas condiciones laborales dignas”.

Apoyo mayoritario

La proposición de ley ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, si bien muchos, como el PSOE, Unidad Podemos o Vox, han destacado la necesidad de introducir algunas mejoras para adecuarlo al marco constitucional. Y es que, tal y como ha señalado la diputada del PNV Josune Gorospe, partido que ha votado en contra de la toma en consideración, la iniciativa es "inconstitucional" porque invade competencias de las comunidades autónomas.