crisis sanitaria

La Fiscalía abre una investigación por las muertes de la residencia de Tremp

  • Quiere averiguar si se cumplieron los protocolos ante el brote de coronavirus en el geriátrico, donde han muerto ya 42 personas
  • Inspección de Trabajo multó al centro con 8.000 euros en 2019 por contratación ilegal de trabajadores
  • Un informe redactado por los nuevos gestores del geriátrico señalaría irregularidades cometidas durante la segunda ola de la pandemia
 Traslado de un enfermo de la residencia geriátrica de Tremp al Hospital.

Traslado de un enfermo de la residencia geriátrica de Tremp al Hospital. / Jordi V Pou

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

Escribe desde Barcelona

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La Fiscalía de Lleida ha abierto una investigación de oficio para averiguar si se cumplieron o no los protocolos ante el brote de coronavirus que de momento ha causado 42 muertos en la residencia de Tremp. El ministerio público pedirá esta semana documentación a la Conselleria de Salut para acreditar el proceso de actuación del centro. La delegación territorial de Salut en Lleida ya tiene sobre la mesa un informe de la nueva gestora, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), donde se apuntarían irregularidades cometidas en la gestión del brote, según fuentes consultadas por este diario. Además, el año pasado Inspecció de Treball multó al geriátrico con 8.000 euros por contratar personal de forma ilegal.

Actualmente en la residencia de la capital del Pallars Jussà hay 92 residentes y 42 trabajadores con covid-19, según Salut. Según la información facilitada por el consistorio de Tremp, el brote de coronavirus se descubrió el 19 de noviembre, en cuanto un trabajador habría declarado tener síntomas de la enfermedad. Diez días después, el 28 de noviembre, Salut intervino el centro y lo puso en manos de la empresa GSS que es la que gestiona también el Hospital Comarcal del Pallars.

Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, esta nueva gestora habría descubierto que el centro cometió ciertas irregularidades relativas a la aplicación de los protocolos de coronavirus, y a los preceptivos avisos a las autoridades sanitarias. Estas deficiencias las trasladó a un informe, que ya está sobre la mesa de las autoridades sanitarias leridanas. En estos momentos, ni la delegación territorial de Lleida ni la Conselleria de Salut han confirmado que hayan iniciado los trámites para sancionar el geriátrico. De hecho, hace ya 11 días que las autoridades sanitarias guardan un sepulcral silencio sobre este caso.

La investigación de la Fiscalía, por el momento, es meramente informativa. Fuentes del ministerio público explican que solo buscan conocer lo ocurrido, por si acaece pedir responsabilidades penales. De momento, no consta que ninguna familia haya denunciado los hechos ni a los Mossos ni penalmente a la justicia. Desde que Salut intervino el centro, la fundación Fiella también ha guardado silencio sobre lo ocurrido, igual que ha hecho el presidente del patronato de la entidad, el párroco de Tremp, Joan Antoni Mateo García.

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Sin embargo, este no es el primer caso de mala praxis en el que la fundación al cargo del geriátrico podría ser señalada. El año pasado, la Inspecció de Treball multó al centro con 8.000 euros por haber contratado trabajadores de forma ilegal. La denuncia, interpuesta en junio de 2019 por el sindicato UGT, relataba cómo la fundación usaba una empresa pantalla para ahorrarse costes de personal.

En concreto, era la empresa Servinet, liderada por Josep Junyent y que en 1999 ya estuvo investigada por una adjudicación del servicio de limpieza del hospital Santa María de Lleida. Esta vez, se comprobó que el geriátrico prefería contratar personal a través de esta empresa de limpieza, y no de forma directa. "La empresa de limpieza se basa en un convenio, que rige unos sueldos mucho menores que el que establece el convenio de acción social en Catalunya. En definitiva, lo que hacían era usar este salvoconducto ilegal para ahorrarse dinero de personal en cuidadores, gerocultores y auxiliares", señala Antonio Ordóñez, portavoz de Acción Social la UGT en el área de Lleida. Treball multó con 8.000 euros a la fundación Fiella, pero también a la empresa Servinet.