Vulneración de derechos

Amnistía carga contra la gestión de las residencias de Catalunya y Madrid

"Nadie protegió a los abuelos", subraya un informe de la entidad

  • La entidad señala que se han vulnerado cinco derechos humanos,
  • "Las residencias fueron el agujero negro de la pandemia ", señala el responsable de relaciones institucionales, Eduard Martínez.
  • Amnistía pide una ley que regule los geriátricos y una investigación a fondo
Una trabajadora de una residencia de Madrid habla con una anciana residente

Una trabajadora de una residencia de Madrid habla con una anciana residente / EUROPA PRESS - JESÚS HELLÍN (EUROPA PRESS)

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"Las residencias se han convertido en aparcamientos para la gente mayor, un auténtico agujero negro donde se han cometido flagrantes vulneraciones de derechos humanos y de las que las autoridades no les han protegido". Así de contundente es Eduard Martínez, jefe de relaciones institucionales de Amnistía Internacional, a la hora de resumir el último informe de la entidad. Se titula Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia covid-19 en España, y constata que se socavaron cinco derechos humanos de los abuelos en estos centros: el derecho a la vida, a la salud, a la muerte digna, a la no discriminación y a la vida privada y familiar.

Los datos son ya conocidos. El 70% de las muertes por la pandemia del coronavirus se han producido en residencias de ancianos. Amnistía ha querido indagar el en porqué, encuestando a un centenar de personas relacionadas con la gestión geriátrica en Catalunya y Madrid. Entre ellos, personal sanitario, cuidadores, familias, directores de centro y altos cargos de las autonomías. La conclusión es que las medidas tomadas, en ambas comunidades, fueron "ineficaces e ineficientes". "Sobre el papel estaban muy bien pero a la práctica no se podían aplicar, y no se aplicaban", zanja Martínez.

Abuelos desatendidos

Amnistía explica parte de esta vulneración de derechos porque los trabajadores de los geriátricos no tuvieron acceso a material de protección del virus hasta pasado un mes de la declaración del estado de alarma. El virus entró, y luego no tuvieron escapatoria. "Tanto en Catalunya como en Madrid se hicieron protocolos para evitar que los trasladaran a los hospitales solo por el simple hecho de vivir en un geriátrico y tener dependencia, sin apenas revisar el historial clínico". En Madrid, sostiene la entidad, se hizo de forma más contundente. En Catalunya, más ambigua. Pero pasó en ambas comunidades.

La rueda mortal que denuncia AI no termina aquí. "No iban a los hospitales, y en muchos casos, las enfermedades no pudieron ser atendidas porque no había médicos en los centros". Es conocido el caso de varios geriátricos donde los cadáveres permanecían en las habitaciones de las residencias varios días. Y una vez afrontaban el final mortal de la infección, sostiene Amnistía, muchos ancianos no recibieron los cuidados paliativos necesarios para evitar el dolor. "No había recursos, faltaban manos. Cuando hablamos de una muerte digna lo decimos porque murieron sufriendo y sin despedirse de los familiares", agrega Martínez, que recuerda historias de familias que no fueron informados de la enfermedad de sus padres o abuelos. "Les llamaban para decirles que había muerto. Sin más".

Falta de personal fruto de los recortes

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Parte de las carencias denunciadas por Amnistía es que no hay ni ha habido suficiente personal en los centros de mayores. "Estas son las consecuencias de haber recortado en sanidad y en dependencia tantos años", lamenta Martínez. Faltó personal en los CAP, los Hospitales y también en los geriátricos, donde no tenían tan siquiera médicos y enfermeras. Pero la organización también recalca en la planta de plantilla de gerocultores, auxiliares y cuidadores. "Es un sector altamente precarizado, y faltaron manos para atender los cuidados necesarios", subraya Martínez.

Para tratar de reconducir la situación, Amnistía pide eliminar los protocolos de derivación que siguen existiendo, pero también tramitar una ley estatal que asegure los derechos de los residentes. "No podemos permitir que esto se pueda repetir, todo este dolor tiene que servir para algo", añade Martínez, que considera que la situación actual en los centros no es la misma que en la primera ola pero tampoco se han hecho cambios sustanciales. Por ello, imploran a la fiscalía que siga cerca la situación a las residencias e impulse investigaciones. "Sean centros públicos o privados, las autoridades deben proteger y auxiliar".