Xavier Bonal: "Nadie puede pretender que la educación sea un supermercado"

La nueva legislación educativa está dando sus últimos pasos en el Parlamento, donde será ratificada en las próximas semanas.  El texto ha provocado división política en el Congreso de los Diputados y también en la calle. EL PERIÓDICO entrevista a Xavier Bonal y Alfonso Aguiló, dos expertos en educación con puntos de vista diferentes sobre la 'ley Celaá'.

Xavier Bonal es profesor de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona, divulgador, investigador y autor de ensayos sobre educación y sociología de la educación.

¿En qué mejora la educación la nueva ley?

Da pasos importantes. Algunos, por reacción a la anterior legislación, que tenía aspectos retrógrados y carecía de evidencia empírica. La nueva norma sitúa en el centro de la política pública educativa el derecho a la educación y su garantía. Es un deber del poder público y del Estado dar respuesta a las necesidades educativas. Como manda la Constitución, esto tiene que estar equilibrado con la libertad de elección. La LOMCE [`ley Wert'] decía que el poder público lo que tiene que hacer es reaccionar a los deseos de las familias. La LOMLOE asegura que el derecho a la educación se planifica con intervención, no intervencionismo. Destacaría también la eliminación de la repetición de curso y el enfoque al trabajo por competencias. En general, me parece una buena ley, aunque tímida en algunos aspectos.

¿Cuáles?

Lo que tiene que ver con la segregación. En Catalunya se está a punto de aprobar un decreto que es diez veces más avanzado. Además, yo hubiera sacado Religión de las aulas porque la religión pertenece a la esfera privada.

La escuela concertada está sublevada. ¿Qué les diría?

No sé de dónde viene la preocupación. Las personas escolarizadas en centros concertados van a seguir estando ahí. Lo que sería deseable es que estos centros tengan una mayor corresponsabilidad en la escolarización de alumnado con necesidades educativas. La ley permite que las autoridades cedan suelo público solo para centros de titularidad pública. Si un concertado quiere abrir una nueva escuela no lo podrá hacer con suelo público. Pero eso será para las nuevas. Nadie está diciendo que vayan a cerrar ni coles ni plazas actuales.

La 'ley Celaá' veta los conciertos a las escuelas que separan niños y niñas

Es poco educativa.

Sus defensores dicen que tiene altos niveles de rendimiento académico.

No educamos solo para tener buenas notas. Educamos en la idea de ciudadanía. Separar por sexos no es educativamente recomendable. Si alguien lo quiere hacer, me parece razonable. Otra cosa es que reciban dinero público. Es aberrante.

Una reciente sentencia del TSJC

Con el amparo de la nueva ley esa resolución no sería posible. Si se interpone un recurso prosperará bajo el paraguas legislativo.

La norma convierte en excepcional la repetición de curso, un verdadero problema educativo en España. Las voces más críticas aseguran que ello implica cargarse la cultura del esfuerzo.

Es irónico hablar de cultura del esfuerzo cuando estamos delante de un alumnado que, a veces, tiene condiciones de educabilidad muy complejas. La cultura del esfuerzo y la motivación es un argumento que supone no reconocer cómo el contexto social influye en la escolarización de los niños. Está demostrado que la repetición es una fórmula cara, ineficaz y desigual. A igualdad de rendimiento educativo hemos visto que se hace repetir más al alumnado socialmente más desfavorecido.

Si hablamos de estudios superiores, poca gente se plantea ir a una universidad privada. Las públicas gozan de mucho más prestigio académico. La nueva norma, precisamente, tiene por objetivo empoderar la escuela pública. ¿Lo logrará?

No en el corto plazo. Hay universidades privadas de alto prestigio, muy caras y muy buenas. Pero es cierto que también las hay con menor calidad que las públicas.

¿Pero por qué los coles públicos carecen del prestigio de la universidad pública?

Porque venimos de donde venimos, de una historia de la educación donde el sector privado ha estado muy presente, especialmente a través de la iglesia católica. El Estado español, durante el franquismo y antes, se inhibió en la garantía del derecho de educación. Ha costado mucho engendrar una escuela pública de calidad, algo que creamos bien entrada la democracia. Hay algo que invita al optimismo y es que cuando la educación publica mejora las clases medias la demandan. Una parte del miedo de la concertada ante la nueva ley puede venir por ahí, una escuela pública que compita con la concertada desde el punto de vista de la calidad. Ahora mismo no hay diferencias entre la concertada y la pública en los resultados académicos de alumnos con el mismo nivel social. Te dicen que la concertada es mejor. Pero no. Cuando las familias eligen la concertada, que es legítimo, lo que se están asegurando es que sus hijos e hijas se escolarizan en un contexto socialmente homogéneo. Y eso explica que el rendimiento de estos centros sea superior, por su composición.

"No hay diferencias entre la concertada y la pública en los resultados académicos de alumnos con mismo nivel social"

¿Desaparecerá el castellano de la escuela catalana?

Por favor, no. Fue la LOMCE la que introdujo que el castellano era lengua vehicular. Fue el exministro Wert el que anunció que iba a españolizar a los alumnos catalanes. La norma catalana de inmersión lingüística -y también sentencias que ha corregido algunos aspectos, como asegurar el 25% de enseñanzas en castellano a los que la requieran- tiene virtudes. Entre ellas, recupera una lengua que es parte de la historia y la cultura y que fue aniquilada por el franquismo. Y, por supuesto, la integración social. Menos política y más análisis social y lingüístico. En la esfera privada la lengua más hablada es el castellano y el nivel de castellano de los alumnos catalanes es bueno. Es un debate estéril. Talibanes hay en los dos lados. A mí también me gusta la flexibilidad en la aplicación de la inmersión, se puede reforzar el catalán en algunas zonas y en otras se necesita reforzar el castellano.

"El consenso no puede ser 'dame libertad para todo y dame dinero'"

La ley entrará en vigor el curso que viene, pero tendrá unas alas muy cortas. El PP ya ha anunciado que la derogará si llega al poder y en las comunidades donde gobierna harán todo lo posible para que no tenga efecto.

Ya no me deprimo ante la falta de consenso en educación. Esta tensión entre izquierda y derecha viene de los años 70. Es la herencia de un modelo educativo, del intento de crear una escuela pública que choca con intereses ya construidos e instalados. Michelle Bachelet intentó modificar el sistema educativo en Chile y se topó con resistencias. Se critica la falta de consenso de la 'ley Celaá', pero ¿alguien se acuerda del consenso de la LOMCE? Me parecen legítimas las reivindicaciones pero nadie puede pretender que la educación sea un supermercado y cojamos productos en la estantería y que el dinero público siga los deseos del supermercado. La educación es un derecho y los poderes públicos tienen que garantizarlo. El consenso no puede ser 'dame libertad para todo y dame dinero'.

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