SENTENCIA

El TSJC tumba el veto al concierto para los colegios que separan por sexo

El Govern anunció a esos centros en mayo que solo renovaría la subvención durante un año más

Fachada de la escuela Canigó, en Barcelona

Fachada de la escuela Canigó, en Barcelona / periodico

Olga Pereda

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tumbado la intención del Govern de no renovar la subvención económica a los colegios concertados que separan a niños y niñas, la llamada educación diferenciada. El fallo se ha conocido hoy pero se emitió el pasado jueves, el mismo día que el Congreso de los Diputados daba luz verde a la nueva ley de educación, conocida como <strong>'ley Celaá'</strong>, que veta los fondos públicos a esos centros escolares, unos 80 en toda España (todos ellos bajo la órbita del Opus Dei). De esos coles, 11 están en Catalunya. Contando también los privados, el número total de centros que apuestan por separar a los estudiantes por el sexo supera los 100 en toda España.

La Generalitat acaba de anunciar que recurrirá el fallo judicial. Fuentes de Educació han asegurado a Europa Press que mantienen la voluntad de no renovar estos conciertos. "Y más ahora cuando hay un consenso mayoritario en el Estado demostrado la semana pasada con la aprobación en el Congreso de la nueva ley de educación", han insistido esas mismas fuentes. 

El pasado mes de mayo, la Generalitat comunicó a los colegios concertados que separan por sexo a los alumnos que no renovaría el concierto en la etapa de primaria. En estos cursos escolares se renueva cada seis años, frente a los cuatro años en los ciclos de infantil y secundaria. El Govern publicó una resolución en el Diari Oficial de la Generalitat, donde anunció  que solo les concedería un año más de renovación con el objetivo de no perjudicar a las familias que estaban ya inmersas en el curso escolar. Los colegios recurrieron esta decisión en los tribunales, alegando que "desde siempre" han recibido esos fondos públicos y que negarlos era una medida "ideológica" que "atacaba la libertad de las familias". En su opinión, negar el concierto implicaría una "perturbación al interés general" y una "migración de alumnos" que "colapasaría el sistema".

Por su parte, la Generalitat alegó que la ley catalana recoge el principio de coeducación mediante la educación mixta y que si denegó el concierto fue, precisamente, para asegurar la coeducación.  En 2018, durante su primera comparecencia como 'conseller' de Educació en la comisión de Ensenyament del Parlament, Josep Bargalló ya anunció que uno de sus objetivos era dejar de pagar con dinero público a las escuelas que segregan por sexo y también a las que ponen trabas para incluir la diversidad social de los barrios. Los defensores de la educación diferenciada -que jamás usan el término segregar- admiten que es una una fórmula pedagógica más que procura adaptarse a la maduración de chicas y chicos y que no tiene nada que ver con la desigualdad. Admiten también que este tipo de educación se da en muchos países, como Reino Unido, Canadá y Alemania, y que suele estar asociada al éxito académico. 

Ley catalana

La ley catalana de educación insta a concertar "preferentemente" las escuelas mixtas. Es lo mismo que decía el proyecto de ley de educación presentado por el ministerio que dirige Isabel Celaá. Sin embargo, en el debate parlamentario, una enmienda de ERC pactada con el PSOE y Unidas Podemos vetó directamente ese concierto. La enmienda del partido republicano modificó la futura norma, que ahora establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" según la ley de igualdad del 2007 y "no separarán al alumnado por su género".

Debate parlamentario

En todo caso, la nueva ley de educación será debatida durante las próximas semanas en el Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva. La entrada en vigor tardaría todavía más porque hay que esperar a la aprobación de los reglamentos que la desarrollan.

El líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que en cuanto su partido alcance el poder ejecutivo derogará la norma, la octava de la democracia, y que en las comunidades donde ya gobiernan harán todo lo posible para reducir al mínimo su impacto. Las palabras de Casado fueron criticadas por la ministra de Educación, quien acusó al líder conservador de "llamar a una suerte de desobediencia".

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