¿Qué es la 'ley Celaá'? ¿Cómo afecta a la concertada y a la educación especial?

La LOMLOE -conocida como 'ley Celaá' por el apellido de la ministra de Educación- ya es una realidad. Fue publicada hace 20 días en el BOE y entrará en vigor el martes 19 de enero. La octava ley educativa de la democracia fue apoyada en el Parlamento por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País y Bildu. Mientras, PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra. Las puertas de los colegios concertados -que se sienten atacados por una norma que empodera la educación pública- siguen luciendo lazos naranjas, símbolo de los opositores al texto.

A pesar de su entrada en vigor, habrá que esperar a los reglamentos que desarrollen la ley. Como estamos en mitad del año académico, muchos de sus artículos no se podrán aplicar hasta el curso 2021-22. La 'ley Celaá' implica la derogación de la LOMCE, conocida como 'ley Wert' por el apellido del ministro del PP que la impulsó. Fue aprobada en 2013 solo con los votos parlamentarios del PP. El paso del tiempo ha demostrado ser un texto que no le gusta a nadie. ¿Gusta más la LOMLOE? Depende a quién se pregunte.

Apúntate al Club de Educación y Crianza de EL PERIÓDICO

1. Escuela pública y concertada

La ley pretende convertir la educación pública en el eje vertebrador del sistema. Actualmente, la escolarización pública es del 67% mientras que la media de la UE alcanza el 81%. El objetivo es aproximarse al porcentaje europeo. En ningún momento, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho que la LOMLOE implica la desaparición de los coles concertados. Tampoco hay ningún artículo de la norma que lo diga. Pero la escuela concertada -centros de titularidad privada subvencionados con fondos públicos- está en plena guerra. Consideran que la ley es ambigua y que deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de quitar plazas en la concertada para aumentar las de la pública. La ley anima a la cesión de suelo público para construir solo escuelas públicas -y deroga la posibilidad prevista por la 'ley Wert' de que se pudiera ceder suelo público para centros privados- y quita la expresión 'demanda social', requisito incluido en la LOMCE para permitir a la concertada sacar más plazas. La 'ley Celaá' insta a la concertada a asumir su compromiso social con la educación, incluida la escolarización de alumnos de familias más desfavorecidas económicamente.

2. Separados por sexos

Los coles concertados que separan a los niños por sexo (en toda España hay unos 80 y son de la órbita del Opus Dei) no podrán seguir recibiendo fondos públicos. El proyecto de ley que salió del Ministerio de Educación decía que "preferentemente" se concertarán aquellas escuelas que no separan por sexo. En el debate parlamentario, de la mano de una enmienda de ERC, se pactó prohibir directamente el concierto a este tipo de educación. Posiblemente, el Gobierno encuentre aquí un problema legal porque el Tribunal Constitucional falló en su día que la educación diferenciada es un modelo educativo más y que no puede ser discriminada en los conciertos.

3. Educación especial

En los debates parlamentarios, ha sido el tema más espinoso. Todos los diputados de PSOE y Unidas Podemos aseguraron por activa y pasiva que los coles de educación especial no se van a cerrar y que afirmar lo contrario era una 'fake news'. Sin embargo, los partidos políticos de la oposición y las familias de niños con necesidades especiales se han puesto en pie de guerra. En su opinión, la norma es ambigua y, en el fondo, pretende vaciar esos centros. La ley, efectivamente, apuesta por la inclusión como objetivo educativo. En ningún momento se habla de cerrar esos centros sino de conceder un plazo de 10 años para que los coles ordinarios se doten de recursos suficientes -ayudados por la experiencia acumulada de los centros de educación especial- como para atender a niños con algún tipo de trastorno. Actualmente, hay familias que apuestan por escolaridad a sus hijos en coles ordinarios y otras por lo contrario, dos opciones en las que tiene mucho que ver el grado de dependencia y el diagnóstico médico de sus críos.

4. Bachillerato y suspensos

Ahora mismo hay tres tipos de bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y Ciencias (disciplina esta última a la que se añadirá Tecnología). Con la LOMLOE habrá un cuarto tipo: el bachillerato general, en el que los estudiantes podrán recibir contenidos combinados de los tres modelos ya vigentes. Los estudiantes de las cuatro modalidades podrán obtener el título a pesar de tener una asignatura suspendida (una sola). En casos muy excepcionales, bachillerato se podrá estudiar en tres años en lugar de dos. La ley elimina las reválidas (cuatro días de exámenes) impuestas en la época del ministro Wert y las sustituye por unas pruebas de diagnóstico en 4º de primaria y 2º de ESO. También hace desaparecer los llamados itinerarios en la secundaria, que implicaban a los alumnos con menos capacidades a tomar un camino escolar de menor rango académico. La norma pretende reducir el alto índice de repetición (28% frente al 11% de la OCDE), así que a partir de ahora repetir curso será completamente excepcional. La 'ley Celaá' permite pasar de 1º a 2º de Bachillerato con dos asignaturas suspendidas, lo mismo que permitía la legislación del PP. En la ESO se repite el modelo y los alumnos podrán pasar de curso con dos materias suspendidas (idéntica situación con la 'ley Wert'). El cambio que implica la reforma educativa socialista es convertir la repetición en excepcional, incorporar evaluaciones colegiadas y apostar por el refuerzo escolar cuando un alumno suspenda una materia. El espíritu de la ley es la de "modernizar" el sistema educativo, así que insta a las autoridades a encaminar los currículos hacia un modelo más competencial y menos memorístico.

5. Castellano y catalán

Los dos partidos del Gobierno pactaron un enmienda con ERC para eliminar la referencia expresa a que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza. Es otro de los aspectos que más bronca política ha provocado, aunque, en realidad, pocas cosas van a cambiar en el día a día de los coles. El objetivo de ERC es blindar la inmersión lingüística catalana, un método que evita la segregación social y que los partidos de la derecha siempre han intentado torpedear, incluso con ingeniería legislativa. En realidad, lo que implicará la ley es lo que ya sucede en la realidad: que los alumnos terminen la educación obligatoria con perfecto conocimiento tanto del castellano como del catalán. Si algún alumno o alumna tiene carencias en alguno de los dos idiomas, los centros educativos impulsarán medidas para compensar esas lagunas. El objetivo es el pleno dominio bilingüe. Es decir, la inmersión sigue vigente, pero será flexible y compensada.

6. Religión

Los centros educativos continuarán ofreciendo religión (una opción escogida por el 63% de los alumnos, o mejor dicho, por sus familias). No obstante, no contará para la nota ni para el acceso a las becas. Tampoco tendrá una asignatura espejo. Lo que sí tendrán todos los alumnos es una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos.

Suscríbete para seguir leyendo