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Càritas aboga por una regularización extraordinaria de los migrantes sin papeles

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Elisenda Colell

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El 12 de marzo llegó a España tras el asesinato de su marido en Colombia, y las amenazas de las fuerzas militares en su país que le decían que ella o sus pequeños iban a ser los siguientes. Pasó el estado de alarma en pensiones u hoteles, pero ahora, tras acabarse los ahorros, vive en un bar de Barcelona junto a sus dos hijos menores de edad. "Nos dejan quedarnos aquí mientras no encontremos otro sitio, y el local tenga que seguir cerrado. Se aprovechan de que estamos sin papeles, pero es que no tengo otra", cuenta la madre. Esta mujer, que prefiere no revelar su nombre, es una de las centenares de personas inmigrantes y sin papeles que atiende Cáritas en Barcelona, y que no tienen derecho a poder trabajar, ni a poder acceder a una vivienda digna. Hoy la entidad ha presentado un informe donde señala las trabas burocráticas, y la falta de derechos en los que viven las personas en esta misma situación. Y ha pedido una regularización extraordinaria para ellos.

"O se abre un proceso extraordinario de regularización, o abocamos a miles de familias y a sus hijos en un callejón sin salida", ha expresado el director de Cáritas en la Diócesis de Barcelona, Salvador Busquets. Lo ha hecho este jueves, en una rueda de prensa en la parroquia de Sant Pau del Camp, el lugar precisamente donde hace veinte años se encerraron personas migrantes sin papeles para pedir la regularización de su documentación. Diez años después, parece que nada ha cambiado. "Estamos viendo como las personas inmigrantes que no tienen permiso de residencia ni de trabajo son los que más están sufriendo los estragos de la crisis de la pandemia, pero no se pueden acoger a ninguna ayuda", ha subrayado la responsable de incidencia social de Cáritas en Barcelona, Miriam Feu.

Según los datos que ha arrojado hoy la entidad, hay medio millón de migrantes en España, cerca de 100.000 en Catalunya, que no tienen papeles. También han recordado que mientras que el 18% de españoles de la provincia de Barcelona están en riesgo de pobreza y exclusión social, en el caso de los migrantes extracomunitarios esta tasa se eleva al 51%, es decir, el triple. La tesis que sostiene la entidad, tras haber entrevistado a 55 personas en la exclusión social para hacer este nuevo informe, sostiene que a pesar que las personas inmigrantes logran traspasar las fronteras y llegar a nuestro país, aquí perviven aún fronteras invisibles que les dejan, de nuevo, viviendo en la miseria y en los márgenes de la sociedad.

Una huida sin planificar

Cuando una persona inmigrante llega a España, lo puede hacer por vías legales si consigue en su país un visado para entrar en España. "El problema es que muchas de estas personas tienen que hacer una huida no planificada, por motivos de persecución o de una miseria absoluta en la familia que es insostenible", ha contado Feu. En otras ocasiones también ocurre que no pueden encontrar previamente un trabajo en España para tramitar todos los visados, ni conseguir la cantidad de dinero exigida antes del viaje. "Muchos se juegan la vida en el mar como estamos viendo ahora en las Canárias, ha agregado la portavoz de incidencia.

A partir de aquí, muchas de estas personas se ven obligadas a vivir en un laberinto burocrático donde, estadísticamente no existen, y en muchos casos no pueden acceder a los derechos que la ley les permite. "Nos hemos encontrado a familia con hijos viviendo en la calle", ha contado Feu. Otros lo hacen en habitaciones realquiladas, en naves industriales o locales ocupados. Todo ello se debe a que no pueden trabajar legalmente, y por lo tanto, no tienen nómina, ni acceso a prestaciones de paro.

Y la exclusión residencial hace que no se puedan empadronar, ni tampoco acceder a derechos sociales tan básicos como la tarjeta sanitaria o el acceso a los servicios sociales. "En Catalunya sigue habiendo decenas de ayuntamientos que se niegan a empadronar a las personas que viven en estas situaciones tan lamentables, aunque la ley lo permite. Y sin el padrón, tampoco les pueden dar ninguna solución", se han quejado los responsables de Cáritas.

A todo ello, cabe sumar las largas listas de espera y el verdadero colapso de las oficinas de extranjería, las bajísimas cotas de aceptación del estatus de refugiado del Estado, además de los criterios de renta exigidos para poder renovar los permisos de los que sí los consiguen. "Entre las personas que están esperando este trámite, y las que lo pierden, tenemos una bolsa enorme de personas a quien las administraciones obligan a vivir en los márgenes", ha criticado Busquets, que añadió que tras la crisis de la pandemia, fueron precisamente los que primero notaron la crisis. "Los trabajos informales o de economía sumergida fueron los que primero cayeron, y que no pueden pedir ninguna ayuda pública", ha agregado.

A la entidad no solo le preocupa la temible evolución que puedan sufrir los migrantes, incluidos los menores que han llegado solos y han sido tutelados, sino también sus niños nacidos aquí de estas familias. "La situación de los padres hace que los niños se vean obligados a vivir en situaciones deplorables, y obviamente esto afecta a su desarrollo y evolución académica y esto tendrá consecuencias en la próxima década", ha advertido Busquets.