La migración satura Canarias

Canarias está al borde del colapso por la llegada de pateras y cayucos, que arrojan ya cifras que saturan a oenegés, cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios o abogados que tienen que atender a los migrantes. Hasta la Iglesia ha dicho basta: las islas no pueden ser un gueto. En tan solo una semana han arribado a sus costas más personas que en todo el 2019, más de 3.000  frente a los 2.698 del año pasado. En 11 meses ya van por 16.000 migrantes.

Carolina Darias, la ministra canaria de Política Territorial y Función Pública, compareció el viernes junto al presidente regional, Ángel Víctor Torres, para presentar distintas medidas que ayuden a las islas en la masiva llegada de pateras y cayucos. A un mes y medio para finalizar el año, la entrada de migrantes ya asciende a 16.000 personas y las embarcaciones no cesan de arribar al archipiélago. El 57% de quienes entran de forma irregular a Europa lo está haciendo a través de las islas. Miles de personas –las que han tenido 'suerte' y no han perecido en el mar– han sido rescatadas por las patrulleras y trasladadas al muelle de Arguineguín, en el suroeste de Gran Canaria, donde se ha instalado un campamento con 14 carpas, el 'campamento de la vergüenza'.

No hay techo para todos los migrantes que se han llegado a concentrar allí, más 2.000. En las carpas solo caben 560 personas, con lo que más de 1.500 migrantes han dormido a la intemperie, con dos mantas: una para separarse del suelo y otra para taparse y un bocadillo en cada comida. Este campamento provisional se montó ante la falta de espacios para albergarlos, y con el covid deben permanecer allí al menos 48 horas para hacerles los tests PCR y tomarles la filiación. Si alguno da positivo se traslada a todos los pasajeros del cayuco a otros recintos para que hagan la cuarentena, pero los migrantes no son la causa de la pandemia en las Islas. Es más, Canarias tiene muy bajas cifras con respecto a la Península.

Críticas de improvisación

El repunte migratorio empezó a vislumbrarse hace un año pero no se habilitaron espacios para acoger a todas estas personas; se mantienen cerrados antiguos recintos militares que las instituciones canarias llevan demandando todo este tiempo. Los ministerios competentes en este asunto no se ponían acuerdo. Ni Defensa cedía las instalaciones, ni Interior daba soluciones, y menos aún Migraciones, prácticamente desaparecido en combate. Tras mucha presión y críticas a la improvisación del Estado desde el Gobierno canario –del mismo color político que el de Pedro Sánchez– cabildos insulares, ayuntamientos o el Parlamento regional, Defensa ha cedido recientemente cuatro infraestructuras al Ministerio de Migraciones, y eso que José Luis Escrivá se trasladó a las islas en octubre, pero no aportó respuestas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había visitado Canarias en febrero precisamente por el repunte migratorio, pero nada cambió, al contrario, la migración siguió en aumento. Nueve meses después, a principios de noviembre, ante la indignación de la sociedad canaria, volvió a las islas y se comprometió a cerrar el 'campamento de la vergüenza',  habilitar otros espacios y activar las repatriaciones. Viajó acompañado de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, quien aseveró que su intención es devolver a los migrantes que no sean susceptibles de asilo político a sus países de origen.

La ministra Carolina Darias es conocedora de la situación de Canarias porque le tocó lidiar con la 'crisis de los cayucos' en el 2006 siendo subdelegada del Gobierno español en las islas. En una semana en la que han llegado más migrantes que en todo el 2019, la ministra canaria anunció este viernes, como portavoz de Interior –precisó–, más control en fronteras, repatriaciones, viajes diplomáticos a Senegal o Marruecos y más espacios para acoger a los migrantes. El presidente canario añadió las derivaciones a la Península.

De las cesiones de Defensa, la única que se puede usar por ahora es el antiguo polvorín del acuartelamiento de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se está montando otro campamento provisional con 23 carpas con capacidad para 800 personas, para albergar a los migrantes en condiciones dignas  en las primeras 72 horas tras su llegada.

Evitar otro Moria

Las oenegés y todas las instituciones canarias siguen reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez y la UE ya no solo que active las repatriaciones a los países de origen sino que realice derivaciones a centros de la Península que están con baja ocupación, de modo que los migrantes puedan seguir su camino hacia el continente, pero el Estado es remiso ante el temor de que se convierta en un efecto llamada. De momento los traslados que se llevan a cabo se limitan a personas en situación vulnerable (madres con niños). Las administraciones canarias lo tienen claro: Canarias no se pueden convertir en cárceles para los migrantes, como la griega Moria o la italiana Lampedusa, y aseguran que mantendrán sus demandas al Gobierno central mientras las soluciones no lleguen.

Con el covid, las repatriaciones con los países con los que España tiene convenios son mínimas: solo 22 personas se han devuelto a Mauritania, y Marruecos sigue sin abrir sus fronteras. De hecho, este cierre está provocando que crezca el número de magrebíes que se trasladan en pateras o cayucos, junto a subsaharianos, al saber que no pueden ser devueltos a su país. Para albergar a estas miles de personas, la Delegación del Gobierno español en Canarias ha llegado a acuerdos con distintos establecimientos hoteleros cerrados por la crisis sanitaria, que pueden estar acogiendo a más de 2.400 personas, pero es una solución transitoria.

El resto está repartido en distintas infraestructuras de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, como naves, centros deportivos, hostales o casas que gestiona principalmente Cruz Roja, además de oenegés como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Misión Cristiana Moderna en Fuerteventura. También se han reabierto los dos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Gran Canaria y en Tenerife, cerrados por la pandemia, para las personas que pueden ser repatriadas. Pero no es suficiente y mucho menos aporta una solución a un problema que no va a parar porque el hambre no entiende de fronteras, y ellos no viajan a Canarias para quedarse. Hace un año, cuando empezó a fructificar el control sobre la ruta mediterránea se retomó la vía del Atlántico, la canaria básicamente. Las mafias siempre encuentran grietas para proseguir con su lucrativo negocio y este lo es. Cada pasaje puede costar –dicho por los propios ocupantes– en torno a 1.500 euros.

A principios de año la propia Delegación del Gobierno ya alertaba de que la llegada de pateras iba a ir a más y, sobre todo, en los meses de las calmas, octubre, noviembre y diciembre, es decir, cuando el mar es más propicio para navegar, y mientras en la Península y Baleares se está reduciendo la migración, con 14.252 personas hasta el 1 de noviembre –5.481 personas menos que en el año anterior–, en las Canarias la llegada de embarcaciones se dispara con salidas desde Marruecos, el punto más cercano, Mauritania, Senegal o Gambia.

Esta situación tiene un precedente: la 'crisis de los cayucos'. Solo en un año, en el 2006, arribaron a los costas canarias 31.678 personas. El Gobierno de España pidió apoyo a la Unión Europea, se puso en marcha el Plan África, la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) actuó en el control del litoral africano –ahora se va a reforzar, prometió Darias–, funcionaba bien el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para la detección de las pateras, se activaron las repatriaciones y las derivaciones y se articuló una red de espacios en las Islas. En el 2010 solo llegaron 196 migrantes.

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