El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil: "Sufrí abusos en el colegio religioso"

Han pasado ya casi 50 años y ni con la futura ley de protección a la infancia y la adolescencia el agresor de Ernesto Gasco sería condenado, pero el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil ha decidido revelar un hecho que había mantenido oculto hasta ahora, para que otros den el paso: "Cuando era niño también sufrí abusos en el colegio religioso donde estudiaba". 

"Invito a todos los menores a que no tengan miedo, que no está bien; cuando un mayor quiera jugar con ellos, no se puede jugar a todo; y que lo denuncien", afirma en una entrevista con Efe en la que rescata de su memoria los abusos a los que le sometió cuanto tenía ocho o nueve años un sacerdote de su colegio de San Sebastián. 

Este viernes se conmemora el Día Universal del Niño. Desde principios de año, Gasco coordina desde el Palacio de la Moncloa la lucha del Gobierno contra las múltiples formas y causas de la pobreza infantil, pero tiene una cosa clara: "La vulnerabilidad de la infancia, los abusos a menores, no tienen nada que ver con que uno sea pobre o rico". 

Su colegio, cuyo nombre no revela, era un centro religioso de clase media alta en la capital guipuzcoana, donde Gasco (PSE) ha desarrollado prácticamente toda su vida política. 

"Es la primera vez que lo hago público, no lo he hecho nunca. Era muy pequeño, era primero de EGB, tendría ocho o nueve años, es muy difícil saber si eso está bien o mal y es muy difícil denunciarlo, saber a dónde dirigirte". 

A aquella edad, él calló: "No lo denuncié en su momento ni lo conté a mi familia, lo estoy contando ahora". 

"Tengo 57 años, han pasado 50 años, ya no es delito ni lo sería con la ley nueva (habría prescrito), pero lo quiero poner en valor porque mi opción fue apartarlo de mi vida, como si no hubiese pasado, para salir adelante. Tengo un cargo significativo, importante, y como lo hice en su momento saliendo del armario, creo que mi declaración pública puede ayudar a aquellos que ahora lo estén pasando mal". 

Gasco fue uno de los primeros políticos en declararse públicamente homosexual. En 2003, pocos meses después de que entrara en vigor la Ley de Parejas de Hecho del Parlamento Vasco, formalizó la relación con su pareja en una ceremonia oficiada en el salón de plenos del ayuntamiento donostiarra y en 2005, con la ley que abrió la puerta al matrimonio gay, se casaron. 

Ahora habla de otra ley, la de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que se tramita en el Congreso y que establece que el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores comenzará a contar cuando la víctima cumpla 30 años. 

En la actualidad ese plazo se computa desde que se alcanza la mayoría de edad y numerosos delitos quedan impunes, ya que las víctimas tardan muchos años en asimilar psicológicamente los abusos sufridos de niños y dar el paso de la denuncia. 

"Es una ley muy importante porque va a permitir a niños o niñas que sean violentados o abusados tener un lugar donde ir a denunciarlo", apunta Gasco. 

"Cuando eres muy pequeño, tú no eres conscientes de si eso está bien o mal, porque además lo está haciendo una autoridad en algunos casos moral, y tú estás en un centro religioso, y haces la primera comunión..." 

Uno de los ejes del Alto Comisionado, explica, es recuperar la voz de la infancia y de los menores, dejar de hacer políticas de infancia y juventud sin escuchar sus preocupaciones y sus necesidades. 

Gasco confía que la nueva ley abra una vía a las víctimas de abusos, un camino para la denuncia, para conseguir que "se sientan totalmente libres para desarrollarse como personas desde pequeños". 

Y se alegra asimismo "muchísimo de que el Vaticano empiece a limpiar también su casa". 

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La entrevista tiene lugar poco después de que Vaticano haya hecho pública la investigación sobre el exarzobispo de Washington Theodore McCarrick, de 90 años, expulsado del sacerdocio y del colegio cardenalicio por el papa Francisco por abusos a menores. 

Según esa investigación inédita ordenada por Francisco, Juan Pablo II y Benedicto XVI, a pesar de los continuos rumores, dejaron pasar el asunto al ser mal informados por obispos y nuncios, a pesar de años de denuncias anónimas que eran desestimadas tras escasas o nulas pesquisas.