PRÁCTICAS IRREGULARES

El SEPE lleva a la Fiscalía la venta de citas previas para hacer trámites en Barcelona

Algunas personas han pagado entre 5 y 80 euros a terceros para que les atendieran funcionarios del servicio de empleo

Un usuario, ante la página web del SEPE.

Un usuario, ante la página web del SEPE. / periodico

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El Servicio Público de Empleo (SEPE) llevará a la Fiscalía la venta de citas previas para realizar trámites en la provincia de Barcelona, según ha confirmado la agencia ACN. El Ministerio de Trabajo ha tenido conocimiento de que algunos usuarios han pagado a terceras personas para obtener una cita para realizar trámites en el SEPE. De momento, los Mossos no están investigando los hechos porque no tienen una denuncia de los afectados ni orden de la Fiscalía para hacerlo.

La alerta la han levantado el SEPE, los sindicatos y los propios ciudadanos afectados que ante la imposibilidad de lograr cita por internet --la vía legal, gratuita y prevista por la Administración-- han recurrido a terceros que ofrecían la venta de citas previas.

La problemática se ha detectado básicamente en la ciudad de Barcelona, y concretamente en el barrio del Raval, donde existen locutorios que anuncian en carteles la venta de citas previas. Alguno de los usuarios afectados ha contado que compró su cita en una lavandería del centro de la ciudad.

Entre 5 y 80 euros por una cita

Los sindicatos, por su parte, sospecharon de esta práctica irregular al ver que todos los usuarios que acudieron un día a una oficina del SEPE en Barcelona eran de un municipio que no pertenecía a su ámbito geográfico. Los funcionarios atienden a todo aquel que tenga cita aunque no vivan en el territorio que en principio gestiona esa oficina.

El presidente de la junta de personal de los funcionarios del Estado en la provincia de Barcelona y trabajador del SEPE, Miguel Ángel García, explica que los propios usuarios les contaron que habían pagado desde 5 a 80 euros para poder tener esa cita. Otra pista posterior, apunta García, fue la repetición de los mismos correos electrónicos "hasta 20 veces" en el listado de las decenas de citas previas que se conceden cada día.

"Además nos dimos cuenta de que buena parte de estas citas pedidas con los correos electrónicos que se repetían se anulaban. Y cuando eso pasa, se genera disponibilidad. Detectamos que en determinados días las anulaciones en oficinas igualaban la cifra de citaciones". Y añade: "Estas anulaciones son el medio que utilizan después para vender la cita".

La vía, un programa informático

¿Y cómo lo hacen los que se dedican a la venta de citas? Este funcionario cree que estas personas que acceden a las citaciones lo hacen a través de un programa informático que se salta el mecanismo de seguridad de la página web oficial del SEPE por el que la Administración se asegura que el demandante es una persona y no una máquina.

Para dificultar las operaciones de estos grupos que mercadean con las citas, las oficinas del SEPE decidieron no "abrir citas" a la misma hora, o hacerlo en horarios poco habituales como a las 07.00 horas de la mañana o un sábado.

García afirma que hacer la gestión de tramitar una cita para un tercero no es ilegal, pero si se obtiene una cita ficticia utilizando datos falsos o con datos de otras personas para después venderla "se entra en una línea más delicada" y en una posible irregularidad.

El problema, el colapso del SEPE

"La escasez de citas está provocando que se comercie con ellas", ha lamentado García. "Si tuviéramos una plantilla suficiente para atender la carga de trabajo que tenemos, podríamos atender a más gente", afirma. Y aprovecha para reivindicar más personal: "El paro está creciendo, tenemos el problema de los ertes con errores en el pago que exigen una respuesta, la gente que no cobra y quiere saber por qué.... Todo son motivos que hacen necesario que las citas aumenten". 

Actualmente en las oficinas del SEPE en las comarcas de Barcelona se vive una situación de colapso que ha provocado retrasos generalizados de hasta tres meses en la tramitación de prestaciones de desempleo que ponen en peligro que los usuarios puedan hacer los trámites en el plazo previsto.