TRÁMITE PARLAMENTARIO

La 'ley Celaá' provoca una batalla política en el Congreso

El Gobierno asegura que la nueva norma convertirá la escuela pública en el "eje vertebrador" del sistema

La oposición vaticina que las familias "dejarán de ser libres" en la educación de sus hijos

Una clase del instituto-escuela Lluís Millet de Santa Coloma, durante el primer día del curso, el 14 de septiembre

Una clase del instituto-escuela Lluís Millet de Santa Coloma, durante el primer día del curso, el 14 de septiembre / FERRAN NADEU

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Olga Pereda
Olga Pereda

Periodista

Especialista en educación y crianza.

Escribe desde Madrid

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La nueva ley de Educación ha provocado la enésima bronca política en el Congreso, donde el texto ha superado el último trámite parlamentario antes de ratificarse la semana que viene y encaminarse hacia el Senado. Los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Más País han pesado más que los de PP, Ciudadanos, Vox y UPN. La diputada Inés Sabanés (Más País) ha asegurado que los problemas de la educación en España no son ni la lengua ni la religión sino "el fracaso, la falta de financiación y la segregación". A pesar de ello, los diputados de los partidos de derecha se han enfrascado en una batalla dialéctica, acusando a la futura normativa -que implica la práctica derogación de la controvertida LOMCE, más conocida como 'ley Wert' (2013)- de ser "un proyecto legislativo ideológico que resta libertad a las familias". 

Ni PP ni Ciudadanos ni Vox ven con buenos ojos que la ley considere a la escuela pública como el eje vertebrador del sistema (no habrá cesión de suelo público para los centros privados). En España, la escolarización pública es del 67% mientras que la media de la UE alcanza el 81%. El espíritu de la ley es ir ampliando esa cifra, algo que no gusta a los diputados de la derecha, partidarios de mantener la escuela concertada (y privada) en los mismos términos que ahora. 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, siempre ha defendido que la norma no supone un ataque a la concertada. Pero los colegios de este ramo están movilizados en su contra. Un día más, han acudido a las puertas del Congreso de los Diputados con lazos naranjas como símbolo de protesta. La norma retira la expresión demanda social, requisito incluido en la LOMCE para permitir a la concertada sacar más plazas. Lo que pretende el gabinete de Celaá es que la concertada asuma su compromiso social con la educación, incluida la escolarización de alumnos de familias más desfavorecidas económicamente.

Separados por sexos

Aquellos colegios que separan a sus alumnos por sexo (educación diferenciada, un modelo ligado al Opus Dei) no podrán seguir siendo concertados -y, por lo tanto, recibir fondos públicos- ya que una enmienda pactada con ERC así lo decreta. El PP y Vox han anunciado ya que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional.

Educación especial

Uno de los puntos que más conflicto político ha creado es el capítulo de la educación especial. Los partidos de la derecha han acusado al Gobierno de cerrar dichos centros. La diputada del PP Sandra Moneo ha explicado que es madre de un alumno con necesidades especiales y ha anunciado, muy emocionada, que pondrá todo su empeño personal y profesional en retirar este punto de la ley. La socialista Mari Luz Martínez Seijo ha replicado que la futura norma no implica de ninguna manera la desaparición de los colegios de educación especial. Con el objetivo de la inclusión, la ley sí que concede 10 años para dotar a la escuela pública de recursos suficientes para atender a alumnos y alumnas con necesidades especiales y que en todo caso "se respetará la opinión de las familias" antes de su escolarización. Las familias, en todo caso, no se fían y muchas están también en plena batalla contra la inicativa del Gobierno.

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La lengua (y el modelo de inmersión de la escuela catalana) también ha sido un punto de conflicto. Los partidos de la derecha interpretan que la ley Celaá hará desaparecer el castellano de los colegios catalanes, vascos y gallegos dado que deja de ser lengua vehicular. En realidad, la norma lo que dice es que todos los alumnos de comunidades con lengua cooficial deberán demostrar su competencia en los dos idiomas al finalizar la etapa obligatoria y que si alguno tiene carencias, el centro educativo reforzará el aprendizaje. "El castellano no está en riesgo", repitió varias veces la diputada Sabanés, que también reprochó a sus colegas de PP, Vox y Cs su interés por la asignatura de religión (en la nueva norma no cuenta para nota y no tiene asignatura espejo) dado que "España es un estado aconfesional".

La ley elimina las reválidas (cuatro días de exámenes) impuestas en la época del ministro Wert y las sustituye por unas pruebas de diagnóstico en 4º de primaria y 2º de ESO. También hace desaparecer los llamados itinerarios en la secundaria, que implicaban a los alumnos con menos capacidades a tomar un camino escolar de menor rango académico. "La evaluación perderá su carácter punitivo [en todos los cursos habrá una evalución más global y se podrá acceder al título de Bachillerato con un solo suspenso] y la repetición será el último recurso", ha concluido Guillermo Meijón (PSOE).