El plazo vence mañana

El TSJC da dos días al Govern para justificar el cierre de la restauración

En sus recursos de impugnación, la patronal Fecasarm alega que el cierre es una medida "arbitraria, ineficaz y desproporcionada"

zentauroepp55460754 barcelona 17 10 2020 sociedad   terrazas i bares cerrados i 201111155606

zentauroepp55460754 barcelona 17 10 2020 sociedad terrazas i bares cerrados i 201111155606 / periodico

J. G. Albalat

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado un plazo de dos días a la Generalitat para que justifique la prórroga del cierre de la restauración, la hostelería y las salas de juego y ha rechazado suspender cautelarmente las restricciones del Govern para atajar la pandemia.

En un auto, la sala contenciosa del TSJC ha acordado desestimar las medidas provisionalísimas que solicitó la patronal del ocio nocturno Fecasarm para que suspendiera la prórroga del cierre del sector.

Sin embargo, en el mismo escrito ha instado a la Generalitat a que en un plazo de dos días -que vence mañana- presente las alegaciones que considere para defender la necesidad de que bares y restaurantes, así como casinos y salas de juego deben permanecer cerrados, hasta que resuelva el fondo del asunto.

Asimismo, la sala acuerda en otro auto declararse competente para dirimir la cuestión, dado que el cierre de dichos sectores económicos no ha sido decidido en base al real decreto del estado de alarma, sino en aplicación de la Ley de Salud Pública de Catalunya.

En sus recursos de impugnación, Fecasarm alega que el cierre es una medida "arbitraria, ineficaz, desproporcionada, engañosa e innecesaria" y acusa a la Generalitat de poner en riesgo miles de puestos de empleo. 

A la espera de la resolución del TSJC, Fecasarm espera que se "flexibilicen" las medidas vigentes porque causa un "perjuicio irreversible" a miles de empresas y familiar, pues la adopción de la misma "no ha venido acopañada de medidas compensatorias proporcionada al perjudicio ocasionado", tal y como se había comprometido el Ejecutivo catalán mediante su vicepresidente Pere Aragonés.