Igualdad pone la primera piedra del sistema estatal de cuidados
Los presupuestos incluyen una partida de 200 millones para que las familias puedan contratar a cuidadores profesionales
El Gobierno aspira a crear un sistema nacional de cuidados, parecido al sistema de dependencia creado hace años y que aún hoy tiene muchas deficiencias. Para ello, el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2021 incluye una partida "modesta", según reconocen fuentes del Ministerio de Igualdad, pero que permitirá poner la "primera piedra en el camino" para reconocer en España "el derecho al cuidado", que incluye el derecho a ser cuidado y el derecho a cuidar en condiciones dignas.
Para ello, los presupuestos para el año próximo incluyen una inversión de 200 millones de euros que se destinará a ayudar a las familias a contratar a cuidadores profesionales que se ocupen de niños menores de 14 años. Aún está por definir, junto a las comunidades autónomas, cómo se distribuirán estos fondos pero la intención del Ministerio de Igualdad es que esos puestos de trabajo sean públicos, con el objetivo de llegar, en un futuro más lejano, a la creación de un sistema estatal de cuidados formado por 300.000 empleos públicos.
Permisos de paternidad igualitarios
Como la partida es pequeña, aún está por analizar qué familias serían las primeras beneficiarias, pero a priori las monoparentales parten en posición de ventaja al sufrir una mayor vulnerabilidad y riesgo de pobreza.
Esta inversión se suma a otra de 200 millones de euros destinada a impulsar la educación de 0 a 3 años, más los 300 millones que costará equiparar en el 2021 los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas. Todo ello pensando en mejorar la conciliación familiar.
Asimismo, las cuentas para el Ministerio de Igualdad, que crecen un 157% en el marco de los presupuestos con más gasto social de la historia, refuerzan los gastos en prevención y reparación de las violencias machistas. Por ejemplo, el presupuesto en esta materia asciende a 258 millones de euros, superando así los 200 millones comprometidos en el pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en las Cortes.
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