La ley 'sí es sí' penalizará a los dueños de los prostíbulos con prisión de 1 a tres años

La ley orgánica de garantía integral de la liberdad sexual, conocida como 'ley sí es sí', recuperará las penas para los dueños de los prostíbulos que el PSOE despenalizó en 1995 y que provocó que en España se multiplicaran los locales de alterne. El Ejecutivo actual considera llegado el momento de castigar el proxenetismo en todas sus formas, por lo que el anteproyecto modifica el Código Penal para introducir un nuevo artículo que castiga con una pena de prisión de 1 a 3 años a los dueños de inmuebles que favorezcan la explotación de mujeres, aún con su consentimiento. 

Además, la sentencia condenatoria puede implicar el cierre de estos locales, de forma cautelar o definitiva. Y con los fondos que se incauten a la lucrativa industria proxeneta, que la Fiscalía calcula en cinco millones de euros al día, la nueva ley creará un fondo destinado a la recuperación de víctimas de violaciones con especiales secuelas o de la trata con fines de explotación sexual. 

El endurecimiento de la lucha contra la prostitución forzada es una las novedades introducidas en el anteproyecto gracias a las más de 70 alegaciones presentadas por diversas entidades civiles y administraciones públicas. El texto ha sido remitido este mes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo Económico y al Consejo Fiscal, con la vista puesta en que culmine su tramitación como anteproyecto y pase a las Cortes en torno a principios del año próximo, según fuentes del Ministerio de Justicia.

Tras la sentencia de 'La manada'

La ley ha sido concebida como respuesta al rechazo social que provocó la primera sentencia contra 'La manada', por lo que siguiendo el grito en las calles de 'sí es sí' acaba con la distinción entre abuso y violación y introduce un tipo único de agresión sexual para penalizar todo acto que atente contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Además, siguiendo el mandato del Convenio de Estambul, establece que la violencia machista va más allá del ámbito de las parejas o exparejas  y que la libertad sexual es un bien protegido. 

La ley considera violencias sexuales las agresiones de esta naturaleza, el acoso sexual, la explotación de la prostitución ajena, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la trata, la violencia sexual digital, la pornografía no consentida y la extorsión sexual. Si bien, según reconocen fuentes del Ministerio de Igualdad, se dejan fuera las esterilizaciones forzosas, el aborto forzado o la explotación reproductiva o maternidad subrogada, con la intención de regular todos estos aspectos en la futura reforma de la ley del aborto. 

La prevención y reparación

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La norma buscar crear el mismo paradigma de prevención, reparación y especialización que introdujo la ley contra la violencia de género pero en el ámbito de las violencias sexuales. Para ello, plantea la creación de los "centros de crisis", servicios públicos interdisciplinares de atención a las víctimas de violaciones, abiertos las 24 horas y como mínimo uno por provincia. 

Asimismo, propone implementar en España el modelo de 'Children's House' anglosajón o 'Barnahus' escandinavos, para la atención integral a los niños víctimas de estos delitos, con el objetivo de evitar una doble revictimización en la denuncia de los hechos. En Catalunya ya existe un centro de este tipo creado por el Govern, en el que trabajan bajo un mismo techo todos los operadores que atienden a estos niños.