El Govern aprobará ayudas a la restauración con una dotación de 40 millones tras las nuevas restricciones impuestas en Catalunya

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha anunciado que el ejecutivo aprobará ayudas para la restauración con una dotación inicial de 40 millones de euros y una nueva línea de avales para cubrir necesidades de liquidez.

En una rueda de prensa junto con los 'consellers' Meritxell Budó (Presidencia), Miquel Sàmper (Interior) y Alba Vergès (Salud), Aragonès ha anunciado medidas compensatorias tras acordar cerrar todos los bares y restaurantes de la comunidad durante 15 días, reducir el aforo de los centros comerciales al 30% y el de los gimnasios al 50% para intentar contener el avance de la epidemia de Covid.

Aragonès ha explicado que el próximo martes en el Consell Executiu se aprobarán ayudas directas a establecimientos en los que la restauración sea la única actividad y con menor facturación, con una dotación inicial de 40 millones de euros.

El Govern también desplegará una línea de avales extraordinarios para cubrir necesidades de liquidez de tesorería a partir de 12.000 euros.

Esta medida busca paliar, de alguna manera, el negativo impacto económico en un sector fuertemente castigado por la pandemia, que ya ha empezado las primeras movilizaciones contra esta nueva medida del Govern y que ha anunciado que denunciará ante la justicia dicho cierre.

Por su parte, Budó ha anunciado asimismo que se incorporará en el Código Civil catalán una cláusula llamada 'rebus sic stantibus', que busca "acompañar a aquellas actividades que no podrán hacer frente a su alquiler" debido a las medidas restrictivas decretadas ahora o en el futuro.

"Buscamos así que en el caso de una situación como una pandemia, que requiera de un paro importante de la actividad económica, se puedan posponer, aplazar, los compromisos en el pago del alquiler mientras la actividad no genere beneficio", ha explicado.

Se quiere también "regular el cambio imprevisible de circunstancias en los contratos de alquiler", de forma que en caso de desacuerdo entre arrendador y arrendatario un juez pueda "adaptar" un nuevo contrato a las "nuevas circunstancias" provocadas por la emergencia.

Ante estos escenarios imprevisibles, ha dicho Budó, el ordenamiento civil debe dar una "respuesta adecuada e idónea".

Sàmper ha resumido en este sentido que la voluntad del Govern es "que las condiciones que había cuando se firmó un contrato de alquiler", en caso de verse modificadas "de forma imprevisible" -por ejemplo a causa de una pandemia o un terremoto- se "adapten" a las nuevas circunstancias. Una medida que, según ha afirmado, ya contempla la legislación foral de Navarra.