Atrapados en el retraso judicial

La saturación casi endémica de los juzgados en toda España, agravada por la pandemia, tiene en ocasiones efectos sonrojantes para los ciudadanos, que son quienes sufren las prescripciones o las tardanzas indebidas en las causas que les afectan. Es el caso de una familia de Cádiz, que 16 años después de que se les concediera una indemnización de casi 850.000 euros por el accidente de tráfico del padre, sólo ha podido cobrar hasta el momento 10 euros. Y todo por culpa de la lentitud del proceso judicial para llevar a cabo el embargo de bienes de los condenados como responsables del siniestro.

El caso se remonta al mes de febrero de 2004. Sobre las 21,30 horas, Juan C. G., un jornalero de 66 años que se dirigía hacia Huelva para trabajar en la campaña de la fresa, sufrió un accidente de tráfico. “Tuvo la mala suerte de chocar contra una mula mal guardada que se había escapado de su finca y estaba atravesada de noche en mitad del camino en la carretera que une Utrera con Los Palacios (Sevilla)”, detalla.

El hombre, con una economía muy precaria y tres hijos a cargo, quedó gravemente herido, tanto que los agentes de la Guardia Civil que atendieron el siniestro le dieron inicialmente por muerto. A causa del brutal choque, que le obligó a pasar un año en la UVI, Juan quedó tetrapléjico, con una parálisis que afectaba al 70% de su cuerpo. “Tenía llagas por todo el cuerpo, problemas en el aparato digestivo que le impedían comer sólido, los riñones funcionaban mal…”, describe el letrado de la familia, Fernando Osuna.

El jornalero llevó el caso a juicio y lograron la condena de los propietarios y cuidadores del animal, que debían  indemnizarle con cerca de 850.000 euros. Una cantidad que hubiera supuesto, por ejemplo, una ayuda para los cuidados médicos que necesitaba la víctima. Y que hubieran contribuido a la deficitaria economía de la familia. Pero entonces se encontraron con otro muro, el del colapso de los juzgados de Utrera.

Se trata de un partido judicial formado por cuatro municipios (Utrera, Los Palacios, Los Molares y El Coronil) y una población de más de 100.000 habitantes para tan sólo cuatro juzgados. Los atrasos considerables y el déficit de instalaciones que arrastran estas sedes judiciales han sido denunciados en numerosas ocasiones por los propios funcionarios, que han llevado sus cuitas tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía sin mucho éxito. Los expedientes se amontonan en los pasillos, y los sindicatos han llegado a alertar de la aparición de ratones en las sedes judiciales, donde trabaja a destajo medio centenar de personas, lo que obligó a realizar una desinfección a fondo. El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llegó a reconocer hace ya cuatro años retrasos acumulados de hasta 12 meses en algunos asuntos, colapso que motivó incluso una queja del Defensor del Pueblo Andaluz.  

“La situación es de chiste”, lamenta el abogado de la familia, “son muchos trámites, cada uno dura una eternidad y encima se hacen mal”. “Para trasladar un atestado de una habitación a otra, que son apenas 20 metros, se ha tardado un año, y por si fuera hubo una confusión y mandaron el expediente que no era”, reprocha.

El jornalero falleció hace ya tres años, y es su familia la que mantiene ahora la lucha por cobrar la indemnización, que con los intereses de demora superaría ya el millón de euros, según sus cálculos. “No he hecho la cuenta al detalle, porque para qué, si no va a ser inmediato”, ironiza. Sus esfuerzos se centran ahora en tratar de hacer una investigación patrimonial de los condenados como responsables del accidente, que se declararon insolventes en sumomento pero que, explica, tienen pendiente de cobrar una finca en herencia.

“Estamos detrás del juzgado para el embargo, pero sólo hemos podido cobrar los 10 euros que tenían en la cuenta, algo que suena a broma”, añade el abogado, "pero como el juzgado no hace nada, viven tranquilos". En el año 2015, 13 años después del accidente y de tener la sentencia, el letrado reclamó al Ministerio de Justicia una indemnización paralela por daño moral de 60.000 euros. De nuevo, los retrasos provocaron que la familia tardase dos años en recibirla. Por ese motivo, y dado que han pasado cinco años y el caso sigue sin resolverse, el letrado adelanta que ya está preparando una segunda petición de indemnización al Ministerio. “No vemos el final de esta historia, y no si algún familiar llegará a ver satisfecho lo que le da derecho la sentencia”, lamenta.