CARTA CONJUNTA

Barcelona y València muestran su "frontal oposición" a que reabran los CIE

Ribó y Colau subrayan que "cualquier gobierno progresista" debe velar por los más vulnerables y recuerdan que sigue la emergencia sanitaria por la que se cerraron

El centro de la Zona Franca (Barcelona) fue abierto este pasado lunes e ingresaron cerca de ochenta personas, supuestamente tras una PCR negativa y cuarentena

Ribó, en una imagen de archivo pero ya como alcalde de València, participa en una concentración para ’clausurar’ el CIE de Zapadores

Ribó, en una imagen de archivo pero ya como alcalde de València, participa en una concentración para ’clausurar’ el CIE de Zapadores / Miguel Lorenzo

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Nacho Herrero

Por razones sanitarias, por razones ideológicas y por razones jurídicas. El alcalde de València, Joan Ribó, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han esgrimido tres clases de argumentos en una carta conjunta al Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para mostrar su "frontal oposición" a la reapertura de los Centros de Internamiento para Extranjeros y socavar la intención del Gobierno de ponerlos de nuevo en marcha tras haberlos vaciado en su día por la situación generada por el COVID 19.

La carta llega después de que el pasado 23 de septiembre se conociera una orden interna de del departamento que dirige Marlaska para "reiniciar la actividad operativa" de los CIE, que se vaciaron progresivamente desde el pasado mes de marzo hasta el de junio ante los riesgos que suponía para la expansión del coronavirus. También llega después de que el Gobierno reconociera el pasado mes de febrero que ocho personas han muerto en estos centros desde su apertura.

Pero la carta llega tarde para el de Barcelona, porque fuentes policiales confirmaron a Efe que este lunes se abrió el de Zona Franca, en el que ingresaron 80 varones con PCR negativa y tras una cuarentena en centros de acogida.

"Nos parece incompatible a nivel de salud, de dignidad y de respeto de los derechos humanos que mientras sigamos teniendo restricciones de movilidad y aforo en espacios al aire libre, se interne a personas que no han cometido ningún delito por un periodo de hasta dos meses en centros de régimen cerrado que no cuentan con la infraestructura suficiente como para afrontar la posibilidad de un solo contagio", recuerda la misiva.

Colau y Ribó van más allá y apuntan a la condición progresista del ejecutivo que forman el PSOE y Unidas Podemos para evitar esta reapertura. Ambos expresan su "convencimiento de que para cualquier gobierno progresista, uno de los pilares fundamentales del servicio público ha de ser velar por el interés de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad".

También recuerdan que este tipo de centros forman parte de "una política que se ha demostrado fallida para la regulación de flujos migratorios aún con las fronteras abiertas". Y ahora están más bien cerradas, recuerdan.

Numerosos colectivos denuncian que los CIE suponen cárceles para personas sin delitos / MIGUEL LORENZO

En contraposición con estos centros, ambos presumen de "la larga experiencia de València y Barcelona como ciudades de acogida y con políticas de atención a todos los vecinos y vecinas, independientemente de su situación administrativa, que genera mucho consenso y que es un modelo de éxito de cohesión social".

De hecho, se ofrecen para "colaborar de forma activa en encontrar cualquier alternativa que no pase por la vulneración de los derechos humanos y que ponga en el centro la dignidad y el respeto de todas las personas".

La Ley de Asilo

Por si los motivos sanitarios e ideológicos no son suficentes, los alcaldes recuerdan que este tipo de internamientos de personas que llegan de manera irregular al país "con el objetivo de retomar las políticas de retorno es una grave anomalía que contraviene directamente la Directiva europea de retorno y nuestra propia Ley de asilo".

En la carta recuerdan también que estos no son "centros de acogida" tal y como estipulan que deberían serlo "tanto la normativa como los mecanismos de control y seguimiento de derechos humanos internacionales".

Muertos

Según el colectivo 'CIES no' al menos diez personas han muerto desde que se abrieron en España este tipo de centros, "entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron".

El último fue hace poco más de un año, un marroquí de 23 años, Marouane Abouobaida, en el centro valenciano de Zapadores. El joven se sucidió aunque  horas antes había recibido una paliza de otro interno que según él mismo denunció (con fotos y un informe médico) le impedía abrir el ojo izquierdo y le provocaba fuertes dolores.

El Gobierno en una respuesta parlamentaria del pasado mes de febrero cifró en ocho los fallecidos en los CIE desde su apertura y admitió que tanto el de Zona Franca de Barcelona como el de Zapadores concentraban la mayoría de las muertes, tres en cada caso. Según la información del gobierno, en el CIE catalán se sucidaron un joven de 22 años en 2010 y otro de 34 en 2013 y por causas naturales falleció otro en 2012.

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El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu fue quien realizó la pregunta y aseguró tras la contestación que el Ejecutivo había olvidado al menos a uno, en referencia a Mohamed Bouderbala, que murió en 2017 en la cárcel de Archidona, habilitada entonces de forma temporal como CIE.