02 dic 2020

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Albert Tió sostiene un cogollo en un club cannábico de Catalunya. 

La paradoja de los clubs cannábicos: entre la policía y las mafias

Guillem Sànchez | 30 septiembre 2020

Las federaciones de asociaciones de autoconsumo claman por una regulación que no los condene al mercado negro. "Lo que está claro es que con la represión han aumentado el consumo, el narcotráfico y el riesgo de corrupción", razonan

La paradoja de los clubs cannábicos (CSC) en España es que resulta más seguro acudir al mercado negro a adquirir la marihuana que van a consumir sus socios que cultivarla. Tener plantaciones propias implica exponerse a sufrir operaciones policiales y juicios por tráfico de drogas o robos por parte de mafias –cada vez más poderosas y violentas– que han arraigado en el Estado para producir y exportar desde aquí cannabis al resto de Europa, donde cada gramo multiplica su valor. Los clubs claman por una regulación de su actividad que frene un mercado negro que, según los propios Mossos d’Esquadra, se ha convertido en una amenaza para la paz social en Catalunya por su capacidad de tentar y corromper a los poderes públicos.

Ana Afuera es portavoz de la Confederación de asociaciones cannábicas en España (CONFAC), Eric Asensio, secretario de la federación catalana (CATFAC) y Albert Tió, fundador de la primera federación ya extinta de clubs (FEDCAC) y miembro de la junta de Airam, un antiguo club cannábico de Barcelona que ha sido intervenido en 6 ocasiones por los Mossos d’Esquadra y que entrará en la cárcel en los próximos días para cumplir una condena de cinco años. Los tres coinciden con la policía catalana al subrayar la peligrosidad del boom de la marihuana. Sin embargo, a diferencia de los Mossos, tienen claro que regular –no legalizar– el cultivo y consumo de cannabis para fines tanto recreativos como terapéuticos sería decisivo para contener la proliferación de organizaciones criminales en Catalunya y en el resto de España. Lo razonan aduciendo que la política de represión no ha frenado ni el consumo ni el tráfico, al contrario, ambos han crecido. Además, mantenerlo como una actividad ilegal impide que se generen puestos de trabajo e ingresos en impuestos para las arcas públicas y facilita que se propague la corrupción, también en el seno de los cuerpos policiales. "Está ocurriendo exactamente lo mismo que sucedió con la ley seca americana", añade el dueño de otro club consultado que pide permanecer bajo anonimato.

Contradicciones legales

Los clubs cannábicos surgieron hace casi diez años en Catalunya aprovechando una rendija legal. Colectivizando el autoconsumo abrieron centros sociales –sin ánimo de lucro– a los que podían acudir a fumar marihuana socios mayores de edad que, a cambio de una cuota, recibían una parte de una plantación conjunta. El manual de buenas prácticas de los clubs deja claro que no puede venderse marihuana y que el socio no puede sacar droga del local.

El activismo de los clubs logró que el Parlament de Catalunya aprobará en el 2017 una ley que reguló su actividad. "Fue la más completa que se ha hecho en España", explica Afuera. "Votaron a favor todos los partidos, salvo el PP, que presentó un recurso al Tribunal Constitucional que acabó derogando la ley catalana", recuerda Tió. Navarra había emulado el texto catalán y sufrió la misma sentencia. Actualmente solo prevalece la aportación legislativa vasca, que, a diferencia de la catalana, no regula ni el cultivo ni tampoco su traslado, los elementos claves.

Actualmente, los clubs cannábicos se dan de alta en el registro del gobierno de la comunidad autónoma y operan a partir de una licencia municipal pero no están amparados por ninguna ley. En España está prohibido el cultivo de cannabis. Lo cual significa que si un cuerpo policial descubre la plantación –clandestina, no puede ser otro modo– de una asociación puede acabar llevando a la justicia a sus responsables. "Lo más frecuente es que todo el proceso acabe en absolución si se puede demostrar que son para el autoconsumo colectivizado de los socios de ese club. Aunque esa tendencia empezó a cambiar a partir de las sentencias del Tribunal Supremo del 2015", aclara Afuera.

"Necesitamos una regulación que distinga entre multas económicas a los clubs cannábicos que incumplan las buenas prácticas y penas de cárcel a los grupos de crimen organizado. Es que no es lo mismo y actualmente no se hace ninguna distinción entre ambas realidades", clama Afuera.

El estigma

También a diferencia de los Mossos, que creen que en Catalunya se percibe erróneamente la marihuana como una droga blanda, los activistas afirman que las noticias que constantemente relacionan la marihuana con operaciones policiales y ese vínculo estigmatiza seriamente a un colectivo que tiene sus derechos y que lleva en este país más de cuarenta años y que no tiene que ver con las mafias. Mafias que cada vez asustan más tanto a los policías como a los propios clubs. 

Solo en Catalunya existen un millar de clubs cannábicos y unos 400 siguen operativos. Un porcentaje no despreciable de estos funciona con inversores extranjeros que pervierten el modelo y lo convierten en un negocio: es decir, trafican. Según fuentes policiales, algunas bandas incluso se han adueñado de asociaciones –"a través de la coacción en algunas ocasiones", subraya Afuera– y las usan para blanquear.

Los Mossos priorizan la lucha contra estas redes internacionales y cada vez son más frecuentes las operaciones contra estas y más infrecuentes los registros judiciales en clubs cannábicos que se ajustan a sus propias reglas, a la espera de que el Estado les dé permiso para existir. Es decir, a la espera de un marco legal que regule dónde se planta el cannabis y cómo se transporta hasta el local que comparten los socios.

El caso de Albert Tió

Albert tiene 53 años y tres hijos menores de edad a su cargo. Es licenciado en Sociología y ha trabajado casi siempre de técnico en la industria del ocio nocturno. Administró durante años un club cannábico ubicado en la calle Ample del barrio Gòtic de Barcelona, uno de los primeros y de los que se agruparon para crear la FEDCAC. Su asociación fue objeto de seis operaciones policiales. "No eran plantaciones para vender ni mucho menos para traficar –tal como sostiene la sentencia– sino para el consumo de los socios", repite. Las tres primeras acabaron en absoluciones judiciales. Las tres siguientes, en condenas. Actualmente está pagando una multa de 2.000.000 euros por delitos contra la salud pública y asociación ilícita y, debido a que cuenta con tres condenas, está pendiente de entrar en la cárcel a cumplir 5 años de privación de libertad. Algo que esquivan la mayoría de los traficantes extranjeros que forman parte del crimen organizado porque estos, a diferencia de Tió, no tienen antecedentes penales.

Se describe como un activista que pretendía que su club no fuera únicamente un lugar para fumar sino un punto de encuentro para artistas noveles o para iniciativas solidarias.

Apoyado por la CONFAC y la CATFAC, Tió ha sumado el respaldo de grupos políticos como ERC y Unidas Podemos para que el Gobierno tramite un indulto que solo se concede en un 1% de los casos. La semana pasada, el último recurso presentado al Tribunal Constitucional fue rechazado. Deberá entrar próximamente en la cárcel. "Nadie está preparado para eso. Pero si acaba sirviendo para que las cosas cambien, habrá valido la pena", asegura.

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