La ley 'sí es sí' incluirá medidas para penalizar a los dueños de los prostíbulos
Igualdad y Justicia acuerdan endurecer el Código penal para preseguir todo tipo de trata con fines de explotación sexual
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Por qué confiar en El Periódico La ley orgánica de libertades sexuales, la conocida como ley 'sí es sí' porque acaba con la distinción entre abuso sexual y violación e incorpora el consentimiento, tendrá a su vez medidas para castigar el proxenetismo en todas sus formas, incluido a los dueños de los prostíbulos.
El Código Penal recuperará así las penas por tercería locativa y proxenetismo no coactivo o violento. La futura ley tendrá, además, un plan integral para garantizar los derechos sociales, laborales y económicos de las víctimas de explotación sexual y trata.
Las nuevas medidas han sido acordadas por los ministerios de Igualdad y Justicia en una reunión entre Irene Montero y Juan Carlos Campo con la que el Gobierno ha tratado difundir que ambos son "coproponentes de la ley" y que han dejado atrás sus desavenencias respecto al texto legal. Igualdad llegó a acusar al ministerio de Campo de demorar mes y medio la aprobación de la norma, en primera lectura, por parte del Consejo de Ministros.
La impunidad
Si bien, este miércoles, Montero, en la sesión de control al Gobierno, ha agradecido la labor que está realizando el ministerio de Justicia para "acabar con la impunidad" de las personas que se dedican a la industria proxeneta, algo que "no se ha hecho nunca en el país", según ha apuntillado.
La ministra de Igualdad ha explicado que datos de la Fiscalía General del Estado indican que el proxenetismo "se lleva cinco millones de euros al día, la mayoría en dinero negro, a costa de la explotación sexual de las mujeres y, por tanto, de la violencia machista".
Montero ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por ERC, el Día internacional contra la trata de mujeres, en la que el grupo catalán le ha preguntado por los recursos que ha movilizado el Ejecutivo central para ayudar a las administraciones a hacer efectivo el cierre de prostíbulos, tal como pidió por carta la ministra a las autonomías en agosto.
Proyecto "ultimado"
La reunión entre Montero y Campo ha servido para "ultimar" el anteproyecto, después de recoger las aportarciones, en la fase de audiencia, de numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas, así como las valoraciones de otros departamentos ministeriales y las comunidades autónomas.
El texto tendrá que ser sometido ahora a los órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministro y su traspaso a las Cortes.
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