SITUACIÓN LÍMITE

Diez meses sin poder ver a su hijo al saturarse el Punto de Encuentro

Un valenciano denuncia la larga demora en el centro de Gandia, agravada por la pandemia - "En diciembre me pusieron el número 12 en la lista de espera y a día de hoy sigo igual, es un sinvivir"

Un niño mira atentamente la televisión.

Un niño mira atentamente la televisión.

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P. F.

El pueblo valenciano de La Ribera está huérfana de puntos de encuentro familiar -espacios neutrales pensados para facilitar el régimen de visitas de los menores en situaciones de crisis o rupturas tormentosas- y el ubicado en Gandia se ha convertido en el destino de muchas parejas que tienen que recurrir a este servicio, pero está saturado. El cierre durante meses de este punto de encuentro por la pandemia del coronavirus ha agravado esa carga hasta el punto que un padre de Sueca lleva diez meses sin poder ver a su hijo ni realizar las reuniones con él bajo la supervisión de los profesionales, paso previo para recuperar el régimen de visitas que se estipuló en el convenio regulador de la separación matrimonial.

"Es un sinvivir, no duermo, tengo pesadillas y se me rompe el corazón cuando mi madre -los abuelos sí mantienen contacto con su nieto una hora a la semana- me dice que el niño piensa que no quiero verlo. Para un padre es brutal, casi diez meses ya sin ningún contacto cuando es un derecho del menor y encima me dicen que no me haga ilusiones", relata el afectado, que incluso elevó una queja al Síndic de Greuges ante el prolongado cierre del punto de encuentro de Gandia. "Ni estando preso uno pasa tanto tiempo sin ver a su hijo", apostilla. Según su relato -Levante-EMV evita dar cualquier otro detalle para garantizar la protección del menor-, la sentencia dictada por el juzgado tras una demanda de su exmujer para quedarse con la custodia del niño determinó en diciembre el paso por un punto de encuentro para que los psicólogos valoraran la conveniencia de recuperar el régimen de visitas estipulado años atrás en el convenio regulador del divorcio, por el que podía estar con su hijo un día entre semana, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares. "Me dijeron que en enero, una vez pasaran Reyes, empezarían las visitas en el punto de encuentro de Gandia, que es el más próximo y que si los psicólogos apreciaban que todo era normal, en cuatro meses me devolverían los derechos de custodia.

Mi sorpresa es que, en el punto de encuentro de Gandia, cuando en diciembre se hizo el juicio, me pusieron el número 12 de la lista de espera y a fecha de hoy sigo en el mismo lugar. El centro ha estado casi cinco meses cerrado por la pandemia y me dicen que con los medios que tienen no pueden dar más visitas", relata. Este vecino de Sueca considera discriminatorio tener que pasar por esta situación cuando en otros puntos de encuentro de la red de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, no sucede lo mismo. De hecho, relata, le han ofrecido la posibilidad de acudir a Ontinyent para evitar esta espera. "Si viviera en Ontinyent sí tendría la oportunidad de ver a mi hijo, pero no puede ser que según el municipio donde vivas tengas que pasar por esto", señala esta vecino de Sueca, mientras advierte de que las sentencias que dictan los jueces están para cumplirse y, al menos en su caso, incide, "no se está cumpliendo".

Varios casos

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Un padre del municipio valenciano de Carlet ha presentado una demanda en el juzgado para que su ex esposa acepte que sus dos hijos se sometan a una prueba PCR tras haber entrado en contacto con su abuelo paterno, que se encuentra en tratamiento médico tras haber sido infectado de coronavirus. Hace dos semanas, al tener conocimiento del contagio, el progenitor de los niños reclamó a su expareja, con la que comparte la custodia, que los menores se sometieran a la prueba "para evitar cualquier riesgo directo y para no perjudicar a terceros", aunque la mujer se ha negado hasta ahora. El demandante no fue el único que solicitó a la madre que los niños se sometieran al análisis. También se lo pidieron la pediatra que atiende a los pequeños, representantes de Salud Pública y agentes de la Policía Local, según asegura el padre, que solo ha podido contactar con su ex pareja a través de intermediarios.

En esas circunstancias, acudió al colegio con la intención de alertar de lo ocurrido a los responsables de la comunidad educativa con el objetivo de que evitaran que, en caso de aparecer, pudieran entrar a clase para dar seguridad a sus compañeros y al equipo docente. Los dos menores, de cinco y diez años de edad, están aparentemente bien, aunque el padre desconoce si han llegado o no a contagiarse. "La madre ni siquiera me ha permitido hablar con ellos telefónicamente", lamentó ayer. Dos semanas después de estar con sus abuelos, se supone que los niños ya han pasado la cuarentena, aunque todavía no han podido estar con el padre. La abogada del progenitor ya ha presentado la demanda en un juzgado para solicitar medidas urgentes que fuercen a la madre a someter a sus dos hijos a la prueba de diagnóstico. "Es la única opción para que se le obligue".

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