La Audiencia de Barcelona insta a investigar la intervención de Intervida

La Audiencia de Barcelona ha ordenado la imputación de un exalto cargo de la Generalitat durante el Gobierno tripartito y de tres administradores judiciales de la oenegé Intervida propuestos por el Ejecutivo catalán y que se hicieron cargo de la fundación por orden judicial, tras su intervención en el 2007, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Uno de los cofundadores de la entidad, Rafael Puertas, acusa al entonces director general de Derecho de Entidades Jurídicas, Santiago Ballester, de los presuntos delitos de prevaricación, amenazas y coacciones, mientras que a los tres administradores judiciales les atribuye falsedad documental, estafa, tráfico de influencias, apropiación indebida, entre  otros. En el transfondo subyace el supuesto desmantelamiento de la ONG.

Puertas presentó en junio del 2017 una denuncia ante los juzgados (antes lo había hecho en la fiscalía) por presuntas irregularidades del exalto cargo y de los administradores judiciales que se hicieron cargo, tras una querella de la fiscalía, de Intervida, una oenegé que llegó a ser la tercera en España y que se dedicaba a proyectos solidarios y al apadrinamiento de niños en países desfavorecidos, especialmente en América Latina. La denuncia cayó en el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, que en noviembre del 2019 sobreseyó provisionalmente la causa porque no se estimaba suficientemente justificada la comisión de los delitos.

Ante esta archivo, la abogada de Puertas, Leire López, presentó un recurso en el que aludía, entre otras cuestiones, que el juzgado había dado carpetazo al asunto sin haber tomado declaración a su representado, ni a los denunciados, argumentando que, a su entender, la documentación aportada demostraría la existencia de los supuestos delitos.

Tanto la defensa del exalto cargo, como la fiscalía, se opusieron a que se reabriera el caso, pero ahora el tribunal de la Sección Séptima la Audiencia de Barcelona ha estimado de forma parcial el recurso del fundador de Intervida y ha instado al juzgado a que cite a declarar en calidad de investigados al exalto cargo y a los tres administradores judiciales, con carácter previo, antes de valorar si continúa o no con las pesquisas.

Malversación y carpetazo

Todo empezó en el 2017 cuando un juzgado de Barcelona admitió a trámite una querella de la fiscalía contra los fundadores de Intervida por malversación de fondos y decidió intervenir la oenegé. Como este presunto delito afectaba a entidades de la oenegé en otros países, la causa acabó en la Audiencia nacional, donde el entonces juez Batasar Garzón ordenó el bloqueo de las cuentas, pidió a la Generalitat que nombrase administradores judiciales y cortara el traspaso de fondos a los proyectos solidarios. De esta forma, las entidades que dependían de Intervida se fueron quedando sin dinero y se paralizaron proyectos

Al cabo de cinco años, la misma Audiencia Nacional archivó el proceso contra los fundadores de la oenegé al no haber quedado acreditada una “finalidad defraudatoria o lucrativa en beneficio propio o de tercero" por el hecho de dedicar resursos a inversiones inmobiliarias y a la bolsa, puesto que las ganancias se destinaban a proyectos sociales y solidarios.

Puertas sostiene que los administradores judiciales no hicieron nada para salvar la fundación y que cuando intentó volver a Intervida, al quedar exculpado, los representantes de la Direcció General d’Entitats Jurídiques se lo mpidieron. Su denuncia relata que "los administradores propuestos por la Generalitat vulneraron de manera intersada y malintencionada las funciones y objetivos establecidos por el juzgado", poniendo a las entidades vinculadas a la oenegé "al servicio de sus propios intereses y/o de los altos cargos" del Gobierno catalán que los eligieron. En su opinión, la expoliaron y desmantelaron. 

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