Regreso a las aulas

Presión sobre Torra por la ayuda para familias que deban cuidar a hijos por el virus

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Gabriel Ubieto

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El Govern del 'president' Torra ha comenzado a detallar este martes su plan para la vuelta al colegio, en el que todavía pesa una cuestión sin resolver que va más allá de las aulas: ¿qué pasará con aquellos progenitores que tengan que adaptar su jornada si mandan a casa a sus hijos por la covid? Torra ha reclamado al Estado, a pocas semanas del regreso a las aulas, la puesta en marcha de una prestación especial que compense salarialmente a los progenitores que se vean obligados a solicitar una reducción de jornada o una excedencia. Una competencia que hasta ahora la Generalitat ha declinado ejercer aportando fondos propios, a diferencia de otras autonomías como País VascoValencia o Galicia, donde tras el primer cierre de escuelas activaron sus propias ayudas a la conciliación para trabajadores que tuvieran que cuidar de un familiar debido a la emergencia del coronavirus.

"Nosotros haremos lo que sea para que la ciudadanía de Catalunya esté tranquila y pueda conciliar. […] Haremos el gasto que sea necesario", afirmó Torra el lunes en rueda de prensa. Unas declaraciones que han generado sorpresa entre patronales y sindicatos, que llevan desde el mes de abril instando al Ejecutivo catalán a que habilite con recursos propios programas para reforzar los mecanismos de conciliación tras el cierre de escuelas del curso 2019-2020.  rogramas que sí pusieron en marcha en diferentes puntos del país gobiernos de distinto signo político, desde el PNV de Urkullu en el País Vasco, hasta la Galicia del popular Feijóo o el socialista Puig en Valencia.

Medidas parciales, con importes que van desde 600 euros a 200 euros al mes, pero que en Catalunya la Generalitat declinó aplicar. "Las ayudas de conciliación de otras comunidades han sido diversas pero no han resuelto el problema de fondo. En todo caso, en Catalunya se ha priorizado garantizar los ingresos básicos, con otras ayudas, como la prestación de 200 euros que ha llegado a 100.000 familias", argumenta desde el Departament de Treball. "Muchos niños han pasado el día con sus abuelos. Es un riesgo muy elevado y esto no puede volver a pasar ahora", afirma la secretaria de Mujeres de UGT de Catalunya, Eva Gajardo.

Compromiso firmado

Las declaraciones de Torra desentonan con los compromisos que el propio 'president' ha rubricado, tal como consta en el 'Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica amb protecció social'. Este manifiesto, firmado junto a patronales y sindicatos, recoge en uno de sus puntos que el Govern se compromete a "impulsar o reforzar con carácter extraordinario medidas de protección y ayudas para las personas trabajadoras afectadas por la crisis sanitaria, por una pérdida de ingresos para medidas de conciliación, especialmente familias monoparentales o monomarentales".

Desde Pimec abogan por dotar de una cobertura de baja por incapacidad temporal a los progenitores con hijos confinados pero no contagiados. Una cuantía que equivale a cobrar el 75% del salario y que paga la mutua de la empresa. "Una prestación nueva puede ser complicada de gestionar, ya lo hemos sufrido mucho con los retrasos del SEPE", señala la directora de relaciones laborales de Pimec, Elena de la Campa. "Hubiera sido muy positivo que el Estado pusiera en marcha esta política, pero lo que no puede ser es que muchas otras comunidades hayan hecho esfuerzos y la Generalitat se escude en que es una competencia estatal", declara la secretaria de acción sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre.

Del fallido subsidio estatal a las ayudas autónomicas

La hipótesis de un subsidio retribuido a nivel estatal para adultos que tuvieran que dejar de ir a trabajar para cuidar de un niño o familiar dependiente planeó durante los primeros compases del estado de alarma sobre el Ministerio de Inclusión. La política no se acabó concretando y la principal medida que salió aprobada en este sentido fue el programa 'Me Cuida'. Este habilita a los trabajadores el pedir una reducción de jornada de hasta el 100% para poder hacerse cargo de responsabilidades familiares. El problema es que la reducción es proporcional al sueldo. Es decir, alguien que solicite el 100% de reducción pasa a no cobrar nada. Según fuentes consultadas del Ministerio de Inclusión, no hay nada concreto cara al curso 2020-2021.

Para evitar que estas familias, con especial vulnerabilidad las monoparentales, vieran esfumarse sus ingresos, varios ejecutivos autonómicos pusieron en marcha sus propias medidas para cubrir la etapa de confinamiento del curso anterior. Catalunya, al igual que Madrid o Andalucía, forma parte del grupo de las que no lo hizo. En Euskadi, el Gobierno Vasco inyectó en abril 15 millones de euros adicionales en su programa de ayudas a la conciliación, hasta una inversión total de 52 millones de euros. Es el territorio que mayor inversión ha realizado en este sentido. Su plan contempla un pago mensual limitado en el tiempo de entre 230 y 290 euros por trabajador, dependiendo del tipo de permiso.

Otros territorios, como Valencia, dedicaron menos recursos, con una menor cobertura, pero mayores importes para los colectivos de menores rentas. La Generalitat Valenciana aprobó también en abril un fondo de tres millones de euros para pagar prestaciones a progenitores que tuvieran que reducir su jornada, con pagos de hasta 600 euros mensuales en caso de una disminución del 100%. Galicia invirtió en mayo 0,45 millones de euros para costear un programa exclusivamente planteado para familias monoparentales y consistente en un pago único de entre 1.700 euros y 3.700 euros para un periodo de hasta ocho meses. En las Castillas, tanto la leonesa como la manchega, sus respectivos gobiernos también consideraron oportuno habilitar al poco de declararse el primer cierre de escuelas sus propios programas.

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