LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL CAMPO

Open Arms ayudará al Gobierno de Aragón a hacer cribados a los temporeros

La DGA recurre a la oenegé para tareas de mediación en los tests "voluntarios"

Temporeros en la recogida de la fruta de hueso en la comarca del Bajo Cinca, el pasado mes de junio.

Temporeros en la recogida de la fruta de hueso en la comarca del Bajo Cinca, el pasado mes de junio. / JAIME GALINDO

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F. M. H. / R. B. L.

El Gobierno de Aragón ha contratado a la oenegé Open Arms, célebre por sus rescates de inmigrantes en el Mediterráneo -y las polémicas con los gobiernos español e italiano-, para ayudar en un programa piloto de cribado de coronavirus a los temporeros que se realizará principalmente en la comarca de Calatayud, durante las próximas campañas de recogida de la pera y la manzana. Un programa que, aparentemente por algún error de comunicación, está causando cierto recelo entre los sindicatos agrarios aragoneses y algunos alcaldes de la zona.

La DGA mantuvo el jueves una reunión con estos, a la que acudieron por parte de la DGA los consejeros de Agricultura, Joaquín Olona, de Sanidad, Sira Repollés y el director general de Salud Pública, Francisco Falo, entre otros. Allí les detallaron las líneas maestras del plan, que incluirá estos cribados y también una intensificación de las inspecciones.

Trabajadores asentados en la comarca

En la cita, algunos representantes de ayuntamientos ya hicieron patente su malestar ante algunos puntos. Por ejemplo por su oportunidad, ya que, a diferencia de la pasada campaña de la cereza, en la que sí se requieren muchos temporeros de fuera de la zona (y que se saldó sin brotes conocidos), la de la fruta que se avecina suele contar con trabajadores asentados en la comarca

Además, el protocolo fijado por la DGA marca que se aislará a toda la cuadrilla ante un contagio, en lugar de solo a los que se consideran contactos estrechos (que han estado a menos de 1,5 metros durante 15 minutos), lo que entienden que podría comprometer la recogida de la cosecha en una zona de minifundios, que rara vez emplean más de una cuadrilla.

Malestar por la intensificación de las inspecciones

Pero la intensificación de las inspecciones también causó malestar entre los sindicatos, que al parecer entendieron que la DGA había cambiado de criterio, de un cribado voluntario y aleatorio a uno obligatorio y total. Fuentes del Ejecutivo negaron este viraje, ya que los cribados sí que serán para quien quiera (de hecho, no se podrían hacer por la fuerza) y lo que sí que se intensificarán serán las inspecciones laborales y sanitarias. Fuentes de UAGA, en cualquier caso, prefirieron esperar a las conclusiones de una reunión que mantendrán hoy para valorar el plan autonómico.

La elección de Open Arms tampoco fue del todo del agrado de algunos. Por ejemplo Ángel Samper, de Asaja, que requería que los protocolos se elaboren "con luz y taquígrafos" y recelaba de que se contrate gente "de fuera" de la comunidad. Lo mismo opinaba el presidente de Araga, Jorge Valero, que consideraba que hay oenegés aragonesas, incluso mutuas, que podrían hacerse cargo de estos controles.

Pero el Gobierno autonómico aclaró que Open Arms solo se encargará de la mediación con los temporeros (y destacó que ya lo ha hecho en la comarca catalana del Segrià), pero los tests los hace el Salud. Este diario trató de ponerse en contacto con los responsables de Open Arms pero no resultó posible.

1.500 requerimientos a los empresarios que contratan temporeros

Paralelamente, el departamento de Agricultura ha remitido 1.500 requerimientos a los empresarios que contratan temporeros para la recogida de la fruta en la que se insta a remitir en el plazo de cinco días una declaración responsable, tal y como figura en la orden de la DGA del 24 de julio. Una petición que se hizo hace unas semanas pero que a la que apenas respondieron la mitad de los inicialmente requeridos.

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En esta declaración debe figurar el compromiso del empresario de cumplir los requisitos laborales y sanitarios y velar por las condiciones de alojamiento y transporte de los trabajadores, además de un plan de contingencia para posibles brotes. Y de no hacerlo, se exponen a sanciones de entre 600 y 30.000 euros.

UAGA se mostró partidaria de este control, al igual que el máximo responsable de UPA, José Manuel Roche, que confiaba en que todos lo harán. Asaja y Araga, sin embargo, instaban a ser flexibles porque muchos empresarios no han tenido tiempo y otros ya no van a contratar a nadie.