29 nov 2020

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medidas sanitarias

Los prostíbulos esquivan la normativa anticovid ante la falta de regulación

Expertos denuncian la alegalidad que permite que muchos de estos espacios sigan abiertos debido a su tipo de licencia y alertan del riesgo que supone para la salud

Andrea Puchades

Cartel dispuesto en el prostíbulo de Cox (Alicante) tras la detección de un brote de covid-19. 

Cartel dispuesto en el prostíbulo de Cox (Alicante) tras la detección de un brote de covid-19.  / AXEL ÁLVAREZ

Las persianas de miles de establecimientos hosteleros se bajan al unísono en la Comunitat Valenciana cuando el reloj marca las 01:00 horas. Las recién instauradas restricciones extraordinarias que buscan frenar el aumento de los rebrotes de coronavirus limitan el horario de su actividad, mientras que el ocio nocturno ha pasado de ser una realidad a un simple anhelo en tan solo 24 horas. Se trata de más de diez medidas adoptadas por la totalidad de autonomías en pro de garantizar la seguridad de la ciudadanía que, no obstante, parecen olvidarse de las conocidas como casas de alterne. Prostíbulos que subsisten gracias a la situación de alegalidad en que se asientan y que suponen un "vector de transmisión" en plena crisis epidemiológica, denuncia Carlos Torreño.

El abogado especializado en trata de personas afirma que "en España no existe una regulación jurídica de la prostitución", pese a su significativo crecimiento. Tanto es así que, como se defiere del monográfico "Feminización de la supervivencia y prostitución ocasional" elaborado por la Federación de Mujeres Progresistas, en la actualidad se habla de «industria del sexo». Pero, ¿cómo afecta esta excepcionalidad a la transmisión del virus SARS-CoV-2?

España es el país europeo que registra un índice de demanda de prostitución más alto. Un hecho que se materializa, como apunta el informe anteriormente citado, en el aumento del número de espacios de prostitución y el tamaño de estos, diversificando la oferta y experimentando un auge de pisos destinados a este fin. Espacios, a su vez, que parecen zafar del cierre obligatorio al que sí se ha sometido al ocio nocturno y que continúan abriendo sus puertas.

Y es que, según explica el letrado Torreño, "los locales de alterne no existen per se, pues carecen de regulación legal". No se registran como tal en el Directorio Central de Empresas, así como en los servicios de concesión de licencias en los ayuntamientos. En su lugar, lo hacen bajo tipologías que los identifican como casas de citas, hoteles, pubs, saunas, casas de masajes o bares. "Al constituir una sociedad se debe determinar cuál es su objeto social", apunta el abogado, por lo que las restricciones implantadas por la Conselleria de Sanidad de València no determinan su cierre, como sí ocurre con las discotecas, por ejemplo.

Así, aquellos prostíbulos registrados como bares o restaurantes sí deben cesar su actividad pasada la medianoche, mientras un gran grueso de esos espacios inscritos bajo otro tipo de licencia seguirán facturando durante las tres semanas de vigencia de la nueva normativa.

Por ello, activistas como Carmen García, perteneciente al Front Abolicionista, reivindica que "no hay leyes correspondientes a cierres, decretos o protocolos de actuación. Necesitamos una legislación a la altura, falta decisión gubernamental". En esta misma línea se expresa Carlos Torreño, que sostiene que "cualquier servicio sexual debería estar cerrado en estos tiempos. Es pura lógica, lo hemos visto en Castilla-La Mancha y en Alicante, si no se regula esta situación tendremos problemas de Salud Pública".

Hace referencia a los brotes de covid-19 detectados en dos prostíbulos de la península, uno en la localidad alicantina de Cox (Sala Pipo's) y que ha afectado a cuatro personas, entre las que se encuentran mujeres en situación de prostitución, y otro en Ciudad Real (Las Palmeras), donde los contagios se elevan a 12.

Salud Pública y vulnerabilidad


La prostitución es, según defienden desde la Federación de Mujeres Progresistas, relacional, pues "no existe mujer prostituida sin hombre prostituidor". Así, pagar por mantener relaciones sexuales genera múltiples vectores de transmisión que no están exentos de un condicionante social. "La vergüenza complica el abordaje efectivo de este problema", matiza Torreño, ya que la confidencialidad de estas prácticas dificulta el seguimiento de la cadena de contagio, comprometiendo la salud tanto de prostituidores y su entorno cercano como de las mujeres en prostitución, que además atraviesan una situación de vulnerabilidad añadida.

El estudio "La prostitución femenina en la Comunitat Valenciana", elaborado por la Universitat de València (UV), establece que la "opacidad, invisibilidad y privacidad de muchos de estos escenarios las distancia [a las mujeres en prostitución] de los centros de asistencia sanitaria, haciéndolas más vulnerables a las enfermedades al no disponer de medidas de atención rápidas". Y, es que, como puntualiza el escrito, "una profesión fuera de la ley implica que la legislación vigente no otorgue ningún derecho ni protección a estas mujeres".