La Generalitat rechaza a los trabajadores sociales para hacer rastreos del coronavirus entre personas vulnerables

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya se ofreció a la Generalitat, concretamente al Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) y a la Agència de Salut Pública de Catalunya, hace varias semanas para trabajar en la emergencia sanitaria del coronvirus. Viendo las dificultades existentes, propusieron ayudar en las tareas de rastreo y cribaje pensando en que los hogares más vulnerables se hicieran las PCR y cumplieran con las medidas de aislamiento. "Nosotros somos expertos en trabajar desde la calle y en las redes familiares, pero no nos tienen en cuenta", se queja la decana del colegio, Conchita Peña, a EL PERIÓDICO. Una medida, la de incorporar trabajadores sociales en estas labores, que ya están aplicando otras comunidades autónomas. 

Lo admitió la semana pasada el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimón, y lo corroboraron a este diario entidades y trabajadores sociales de los centros ambulatorios: los hogares más vulnerables rehúyen el radar sanitario del coronavirus. Los motivos son múltiples pero se explican principalmete por la precariedad laboral y la pobreza. Muchos temen perder su empleo, una gran mayoría no tienen acceso a la baja laboral ni otras prestaciones sociales, y otros saben que también se arriegan a perder la vivenda, en caso que la compartan con otros en su misma situación de exclusión social. "A nivel sanitario y hospitalario la pandemia puede estar más o menos controlada en Catalunya; el problema lo tenemos en la calle, en la atención primaria y en el impacto del coronavirus en la población más vulnerable que ni tiene forma de aislarse y que difícilmente puede cumplir con las medidas sanitarias", asevera Peña. "Hay gente que sabe que se puede morir de hambre antes que del coronavirus", añade la decana. 

Es por ello que, desde la comisión de Salud Comunitaria del colegio, integrada mayormente por trabajadores sociales de CAP y hospitales, llevan varias semanas insistiendo en que algunos de los rastreos no se pueden hacer por vía telefónica. "Hay que pisar calle más que nunca, hay que ganarse el vínculo con las familias, ofrecerles ayudas, alternativas... en definitiva, plantear la salud desde la intevención multifactorial y comunitaria. Debería ser una prioridad en esta emergencia y no lo está siendo", se queja Peña.

Hace ya ocho años que el Col·legi de Treball Social tiene un convenio con el Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) para activar un grupo de profesionales del trabajo social en caso de emergencias. Estos profesionales se activaron durante los atentados del 17-A, o durante la primera ola de la pandemia para atender en el 061 y el 112 a personas angustiadas y para entregar comida a domicilo a dependientes, entre otros servicios. "En julio nos ofrecimos al Procicat y a Salut Pública para trabajar en los rastreos. Podemos usar nuestra experiencia para llegar a los casos más vulnerables que rehúyen el control sanitario. Ya lo han hecho en Asturias, Galicia, Aragón o la Comunidad Valenciana. Aquí, en cambio, el Govern ni ha respuesto a nuestra propuesta", lamenta Peña.

Fuentes de la dirección general de Protecció Civil, que depende de la Conselleria d'Interior, aseguran que "reciben peticiones a diario", y señalan a Salut como los responsables de decidir cómo se contrata a los profesionales encargados de los rastreos. La Conselleria de Salut, por su parte, reconoce que llegar al estrato social más bajo es ahora prioritario, pero alega desconocer esta propuesta. "Cualquier ayuda es bienvenida. En el cribaje nos están ayudando los ayuntamientos y los líderes de las comunidades vecinales y también hay que contar con la figura de los medidadores interculturales, de los que hemos aumentado la plantilla", se defienden fuentes del departamento de Vergès. 

En estos momentos, según afirman fuentes de Salut, en Catalunya trabajan 1.400 rastreadores para el control de la pandemia del coronavirus. Lejos están los 214 que cuantificaron a finales de julio, y cerca los 1.500 pometidos entonces. El opaco sistema de rastreo catalán acarrea críticas tanto por insuficiente como por la gestión externalizada que se adjudicó a la empresa Ferrovial, que se encarga de hacer el seguimiento telefónico a las familias. "¿Qué podrán hacer esta gente, cuando nos encontramos con familias que viven 18 personas en un piso y que siguen haciendo vida normal?", se pregunta Peña.

Barcelona, en solitario con el cribaje social

Durante la primera oleada de la pandemia, la ciudad de Barcelona fue la única zona sanitaria que activó 'Hotels Salut' para los más vulnerables. Es decir, que aquellas personas asintomáticas o leves que no tenían un lugar seguro para confinarse fueron derivadas a servicios residenciales pagados por el ayuntamiento tras pasar un cribaje social que hacía o el mismo hospital, o los trabajadores sociales de cada CAP.

En Barcelona, a parte de los dos dispositivos de la Fira, se crearon cinco equipamientos más para personas que vivían en espacios inseguros: ya fuera en la calle, en naves abandonadas, en solares o en pisos patera. Unos recursos, los extraordinarios por la pandemia, que ya han costado nueve millones de euros a las arcas municipales. "Es un claro ejemplo de que estamos asumiendo esta función en solitario", remachan fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, que aseguran que en el resto de Catalunya las plazas para estos casos son 120. Algunos, de recursos ya existentes. 

Sin embargo, el modelo de Barcelona se ha ido ampliando a otras zonas. Un ejemplo fue el caso de Lleida, donde, tras el rebrote vivido en junio y en julio, Salut se vio obligada a habilitar varias plazas de hoteles y albergues de la ciudad y alrededores para confinar a temporeros sin hogar asintomáticos, sospechosos o positivos. "Ahora se está empezando a aplicar este mismo protocolo en las zonas sanitarias de Metronord y Metrosud, pero faltan muchos barrios y ciudades con problemática social donde no hay alternativas", insiste Peña.

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