El juez investiga si el Govern compró material contra el covid con proveedores no habituales

Una de las líneas de investigación que está siguiendo el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y la Guardia Civil respecto a la gestión de las residencias de ancianos por el covid-19 es la posible compra de material sanitario por parte de la Generalitat. Al parecer, podría haberse usado vías no habituales, según ha podido saber EL PERIÓDICO. De ahí que el magistrado haya solicitado a la Vicepresidencia y Conselleria d’Economia, dirigida por Pere Aragonés, y a las ‘conselleries’ de Salut i Afers Socials  los expedientes de adquisición de productos que se han utilizado para frenar la propagación del coronavirus, como mascarillas, batas, gafas u otros equipos de protección. El togado ha solicitado también a la mayor patronal del sector, Acra, información sobre la obtención de material a China.

Los investigadores sospechan que la Generalitat planeó usar proveedores no habituales para la adquisición de este material sanitario. Los agentes intentan aclarar el motivo que llevó a la Administración a recurrir a un canal alternativo y si esa maniobra es simplemente por la desesperación en los momentos clave de la pandemia de conseguir medios o, en cambio, esconde otros intereses.

Esa es una de las razones por la que el juez ha requerido a el Gobierno de la Generalitat los «expedientes de compras, adquisiciones, donación u otros de material sanitario incoados», incluso si estos no fueron, al final ejecutado. Aparte de esta documentación, el togado reclama que se aporte copia certificada, foliada y sellada de todos estos cartapacios administrativos.

Encargo de China

La Guardia Civil también ha requerido a Maria Cinta Pascual, presidenta de la ACRA, la principal patronal del sector, documentos sobre la compra de material sanitario para las residencias. En un principio, se sigue la pista de un encargo  a China.

Estas compras de material, conocidas y, en el caso de la Generalitat, publicitadas a bombo y platillo a mediados de abril, se produjeron con mucho retraso una vez aplicado el estado de alarma. Muchos geriátricos tardaron un mes para poder proveer mascarillas, guantes y batas a sus trabajadores, mientras el virus campaba a sus anchas.

Desde Madrid

Tanto la Generalitat, como ACRA, adujeron entonces problemas derivados de la centralización del estado de alarma. Se quejaban de que el estado centralizara las adquisiciones  en comadas hechas desde el ministerio de Sanidad, y a su vez, retrasaran que el material pudiera llegar a Catalunya. Es por ello que el Govern y las patronales decidieron tomar la iniciativa. Los segundos, además, se encontraron que una vez la mercancía llegó al puerto de Barcelona desde China, una buena parte del material fue incautado de forma temporal.

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre investiga la  presunta malversación de fondos y homicidio imprudente, tal como avanzó ayer EL PERIÓDICO.

La Guardia Civil se personó ayer miércoles en la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat, al igual que hizo en las ‘conselleries’ de Salut y de Afers Socials, que se han comprometido a entregar la ámplia documentación solicitada, que va desde el número de afectados por la pandemia, hasta los miembros de los órganos que tomaron decisiones al respecto.

La patronal

Agentes del instituto armado, por orden judicial, también han requerido información a la patronal del sector, Acra, que, hasta ahora, ha sido muy beligerante con la Administración autonómica, a la que pidido medidas eficaces para cobatir la enfermedad en estos recintos. La semana pasada, la Guardia Civil tomó declaración a su presidenta, Maria Cinta Pascual. Las diligencias judiciales están bajo secreto de sumario.

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Pascual ha declinado hacer declaraciones a EL PERIÓDICO, simplemente se ha limitado a que afirmar que su organización «está comprometida completamente con la transparencia», y que en los próximos días va a facilitar a la Guárdia Civil toda la información y documentos que el juez le ha requerido

«Colaboramos con la justícia y facilitaremos toda la información», responden desde la conselleria d’Afers Socials, QUE también interpelada por el juez Aguirre en las pesquisas.H