La Generalitat afea a Endesa la pobreza energética

La Generalitat redobla la presión contra Endesa para que condone la deuda energética a las familias vulnerables que no pueden pagar la factura de la luz . El Govern, arropado por ayuntamientos y entidades sociales, se niega a destinar ni un solo euro en esta deuda previa, pero Endesa exige una cofinanciación para firmar cualquier pacto. La crisis económica tras la pandemia ha sumido a 850.000 personas más en la vulnerabilidad y generado una enorme angustia a los hogares que no pueden pagar los recibos.

Desde el 2015, Catalunya es la única comunidad que prohíbe cortar la luz por no pagar los recibos a las familias más vulnerables . Sin embargo, sigue siendo un enigma qué entidad debe asumir este gasto acumulado, que solo en el caso de la compañía Endesa afecta a 21.000 hogares, y que suma 25 millones de euros. Hace un año, y tras una campaña de la compañía tildada de "amenazante", Endesa se abrió a negociar con el Govern la gestión de estas facturas impagadas. Pactaron que la compañía abonaría la mitad, la Generalitat el 25% y los ayuntamientos el otro 25%, y que los casos se gestionarían a través de una base de datos digital creada por el Govern.

Nada hace pensar que el acuerdo esté a punto de firmarse. El Govern quiere que la compañía eléctrica asuma toda la deuda previa. Y Endesa se niega en redondo.  

"La situación social actual no nos permite destinar recursos públicos a saldar la deuda de una compañía privada, y además generada por una falta de voluntad de negociar", sentenció ayer el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, en rueda de prensa. Una declaración que fue ratificada por la concejala de vivienda de Barcelona, Lucía Martín, la diputada de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la vicepresidenta de La Taula d'Entitats del Tercer Sector, Sira Vilardell, y el colectivo Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). "Este semestre han aumentado un 45% las ganancias, con 1.128 millones de euros, ¿cómo se atreven a decir que no pueden afrontar 25 millones de euros para aliviar a estas familias?", se quejaba María Campuzano, de la APE.

"No es un problema de dinero, pero la Generalitat debe ser más flexible", responden fuentes de la compañía a EL PERIÓDICO. La empresa está dispuesta a seguir negociando "todo lo que haga falta", pero pide que a deuda previa que afecta ya a 21.000 hogares, se cofinancie con dinero público. "Era y es condición indispensable y necesaria", insistió ayer la empresa en un comunicado.