La futura ley trans enfrenta al PSOE y Podemos

El acuerdo para un Gobierno de transición se compromete literalmente a aprobar "una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión" y "una ley trans, que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia estas personas en todos los ámbitos". No obstante, la gestación estas normas, sobre todo de la segunda, llega envuelta en la polémica y con los dos socios del Ejecutivo situados en polos opuestos.

De un lado se encuentra el PSOE, que pese a que siempre ha abanderado la lucha por los derechos del colectivo LGTBI, se ha alineado ahora con el feminismo ortodoxo en el debate que divide al movimiento (también a escala internacional) en torno a la llamada autodeterminación de género; es decir, que un hombre que se sienta muje sea reconocido como tal a todos los efectos sin necesidad de hormonarse durante dos años y contar con aval médico. Y, por otro lado, se sitúa Unidas Podemos, que abandera el transactivismo.

Autodeterminación de género

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Se da la circunstancia de que el Ministerio de Igualdad está en manos de Irene Montero, quien ha abierto un periodo de consultas destinado a la elaboración de ambas leyes, pero con la firme determinación de que el paquete legislativo incluya la autodeterminación de género y que hombres que se sientan mujeres puedan modificar su nombre y sexo en los documentos oficiales sin ninguna exigencia adicional, como ya reconocen varias leyes autonómicas. Además, Unidos Podemos ha capitaneado el proyecto de ley contra la violencia infantil, que reconoce el derecho de los menores "a que su identidad de género sea respetada" y la llamada ley ‘sí es sí’ que, ya desató una tormenta entre el PSOE y Podemos y, según el feminismo ortodoxo, introduce conceptos jurídicos que ponen en entredicho los derechos de las mujeres basados en su sexo.

Por contra, el PSOE ha difundido un documento interno, elaborado por la Secretaría de Igualdad dirigida por la vicepresidenta Carmen Calvo, en el que rechaza que "los sentimientos, presiones o manifestaciones de la voluntad de una persona, sobre si se siente hombre o mujer, tengan automáticamente efectos jurídicos plenos". Su negativa se basa en el convencimiento de que las leyes que reconocen la autodeterminación de género que defiende la teoría 'queer' "desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista", según señala el argumentario. El conflicto está servido y eso que la ley aún está en pañales.