Rebrote de desahucios en un L'Hospitalet confinado en casa

"Esta semana y la que viene ya tenemos casi diez desahucios diaros, pero en septiembre esto va a ser terrible", susurraba este martes un secretario judicial a los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), tras aplazar un desahucio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). A pesar de las restricciones impuestas por el Govern en una de las ciudades con mayor densidad de población de Europa para evitar la expansión del coronavirus, los intentos de desalojar a familias que no pueden pagar una vivienda solo han hecho que aumentar.

A las nueve de la mañana tenía sesión de quimioterapia en L'Institut Oncològic de Catalunya, y al mediodía se plantó frente el portal de su casa para tratar de evitar, con todas sus débiles fuerzas, que le desalojaran. Seikh Saqub, su mujer Faiza y su hijo de 6 años tenían este martes el cuarto intento de desahucio. Él lleva desde el 2018 combatiendo tres cánceres: de estómago, de garganta y de pulmón. "Mi mujer y yo dejamos de trabajar porque necesito que me cuide en todo momento", se sincera el hombre.

El piso en el que viven, en el barrio de La Torrassa, cuesta 675 euros al mes de alquiler. En diciembre dejaron de pagarlo porque, al no tener empleo, se les habían acabado los ahorros. "Lo que más me preocupa es pensar dónde vamos a vivir ahora", decía en el piso, ya sin muebles y lleno de cajas, a la espera de una expulsión inminente. 

Desde las once de la mañana, una cincuentena de activistas de la PAH se mantienen firmes ante la puerta de la vivienda. Primero la procuradora judicial, y después el secretario del juzgado, han acordado aplazar el desahucio para el próximo mes de noviembre. "Aunque es probable que entonces vengan los antidisturbios", alerta el segundo. "Es una pequeña victoria, claro, pero en realidad solo aplaza el sufrimiento y la angustia de las familias: estamos en una crisis social, en una pandemia mundial, y parece que a los políticos les importa más el dinero que la gente", se queja Dídac Segura, uno de los portavoces de la PAH Hospitalet.

La entidad ha corroborado que la propietaria del piso de esta familia tiene 18 viviendas más. Según el último decreto de la Generalitat, está obligada a ofrecer una vivienda alternativa para la familia y, si no lo hace, el Ayuntamiento le debe multar. De momento, no ha pasado ni una cosa ni la otra. 

Rocío Pérez, Juan Leandro y la pequeña Camelia, de 4 años, por su parte, también cuentan las horas que faltan para su enésimo desahucio, previsto para este jueves, porque están okupando una vivienda en el barrio de Gornal, con la luz y todos los suministros pinchados de forma fraudulenta. "Estamos en lista de espera para conseguir un alquiler social, pero mientras no nos lo ofrezcan, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en la calle?", se pregunta la madre de familia. Al estar ambos progenitores en el paro, la familia ingresa solo 945 euros al mes a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

"A mí no me gusta vivir de okupa, esto no es seguro, no es un sitio donde quiero criar a mi hija, yo quiero pagar un piso, pero algo que me pueda permitir", insiste el padre. "Lo que no se entiende es que la Generalitat diga que nos quedemos en casa, nos diga que esperemos para un piso de alquiler social, pero nos desahucian pasado mañana", se queja Rocío, a la que cada vez se le hace más difícil evitar los nervios y la angustia.

"Esta doble moral de la Generalitat es lamentable. ¿Cómo pueden decir que l'Hospitalet se tiene que confinar y a la vez estén desahuciando a familias con hijos?", se queja también el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Ciutat de l'Hospitalet, Antonio Torres. Los activistas saben que concentrarse ahora en la calle para protestar contra un desahucio es ilegal en la ciudad. "Pero es lo único que tenemos, nosotros no dejaremos de hacerlo si siguen permitiendo que haya desahucios", se queja Torres. 

En estos momentos, los desahucios que se están produciendo -y en muchos casos aplazando- son los 788 previstos antes de aplicarse el estado de alarma. Se trata de familias que ya eran vulnerables antes de la pandemia, y que no pueden acogerse a la normativa del Gobierno que evita los alzamientos. "Pero en septiembre aparecerán muchos más", alertan desde la PAH Barcelona. "Las consultas por mail se han duplicado, y a las asambleas ya están viniendo familias de clase media o treintañeros que comparten piso y se han quedado en el paro", añaden.