Inmigrantes acampan ante el Ayuntamiento de Lepe tras el incendio de sus chabolas

Con pancartas con el lema “Habéis pedido mano de obra, han venido personas”, medio centenar de inmigrantes han acampado ante las puertas del Ayuntamiento de Lepe (Huelva) para reclamar una vivienda digna tras perder sus chabolas la pasada madrugada en un incendio, el tercero en menos de una semana que sufren estos asentamientos. Las oenegés llevan semanas denunciando el abandono de las administraciones y las condiciones de vida de los temporeros en la provincia, acentuadas con la pandemia. “No somos personas de usar y tirar”, reprochan los afectados.

Los inmigrantes protestan porque en el Consistorio les han emplazado a una reunión el próximo lunes, “y son tres noches sin tener dónde dormir ni estar”, explican desde la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci). Las llamas, que desde el Colectivo de Trabajadores Africanos sospechan que fueron intencionadas, comenzaron en torno a las 4,30 horas de la madrugada del viernes, y han acabado con las 70 chabolas en el paraje de El Terrón. El fuego ha calcinado el asentamiento y se han extendido a un campo cercano, y no ha causado daños personales, aunque una persona ha tenido que ser atendida por mareos. Al igual que ocurriera en los otros dos siniestros registrados el domingo y el martes, en los que tres inmigrantes resultaron heridos, muchos de sus ocupantes han perdido todas sus pertenencias, incluidos dinero, pasaportes o documentos necesarios para regularizar su situación en el país.

Los tres incendios han afectado a más de medio millar de personas, tres de las cuales resultaron heridas. Muchas de ellas además han perdido todas sus pertenencias, incluidos dinero, pasaportes o documentos necesarios para regularizar su situación en el país. La situación se ha vuelto insostenible en plena pandemia, ya que los asentamientos no disponen ni de agua ni de servicios de recogida de basura y, tras los incendios, tienen que malvivir en colchones tirados en el suelo en mitad del campo.

“La precariedad y la vulnerabilidad en la que viven las personas de los asentamientos chabolistas de los municipios agrícolas onubenses son una grave y conocida realidad largamente denunciada, incluso por el relator de Naciones Unidas, en Lepe, en su visita a principios de este año”, lamentaron desde la Asociación Pro-Derechos Humanos en Andalucía (APDH-A), que denuncia además “la evidente indiferencia” de los ayuntamientos frente a la “situación desesperada” de cientos de trabajadores agrícolas.

“Cada vez se hace más frágil la situación de vida de las personas asentadas, que no pueden buscar refugio sano y protector en sus chabolas, más aún cuando a esto se le suma el riesgo real de nuevos brotes de Covid-19, como los que están azotando al país cada día”, señalaron en un comunicado.

Desde el colectivo Nuevos ciudadanos por la interculturalidad (Asnuci) lamentan también que “ninguna administración les ha ofrecido ningún tipo de acogida, les han dejado tirados como si fueran nada”. Y recuerdan que, pese a la versión del alcalde de Lucena, el independiente Manuel Mora, de que los inmigrantes malviven en las chabolas porque no quieren pagar un alquiler, son los propietarios de las viviendas quienes no quieren alquilar los inmuebles a los temporeros, elemento fundamental para la prosperidad de muchos de los cultivos de la zona.

“Muchos no tenemos permiso de residencia ni trabajo y cuando queremos alquilar nos piden NIE, nómina y vida laboral”, protestan los inmigrantes en las redes sociales del colectivo, “dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a buscar una vivienda, pero no tener papeles y tener la piel negra lo hace casi imposible”. Algunos de ellos denuncian incluso que el Ayuntamiento de Lucena ha derribado chabolas aprovechando que algunos de sus ocupantes se habían marchado a las campañas agrícolas de otros puntos del país.

Ante esta situación, el colectivo Solución Asentamientos convocó para este viernes una concentración para solicitar alojamientos dignos porque “no hay riqueza sin dignidad”. La entidad denuncia la “nula sensibilidad” de las administraciones, ya que “ni una sola” se presentó en el lugar de los dos primeros incendios, “ni han proporcionado una solución habitacional de urgencia para acoger a los trabajadores que lo han perdido todo”.

Solución Asentamientos critica además “la ausencia de un proyecto de futuro a corto plazo que incluya alojamientos dignos para las trabajadoras y trabajadores temporeros de un sector económico que el año pasado facturó más de 500 millones de euros”. Y arremete contra “la falta de voluntad política para regularizar la situación de todos aquellos temporeros de un sector esencial. Desde que comenzó el estado de alarma, la ausencia de mano de obra suficiente en el sector frutos rojos ha forzado una situación de fomento del trabajo en situación ilegal”.