El Gobierno descarta por ahora aprobar un estado de alarma total o parcial

El Gobierno no contempla, por ahora, volver a poner en marcha el estado de alarma de manera parcial o total pese al incremento de la transmisión del virus tres semanas después de que España entrara en la llamada nueva normalidad. El Ejecutivo, que sufrió un gran desgaste social y político al implantar el estado de alarma, considera que, aunque una jueza de guardia haya paralizado el confinamiento de la comarca del Segrià, donde hay transmisión comunitaria de coronavirus, las comunidades autónomas disponen de “instrumentos adecuados” y herramientas suficientes para hacer frente a los brotes, decretando encierros u otras actuaciones. De hecho, fuentes del Gobierno se mostraron confiadas en que la Generalitat encuentre la vía para soslayar el veto judicial. 

“Pensamos que la Generalitat tiene instrumentos para actuar y controlar el brote” en un escenario “de control” donde “el papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas, que tienen que tomar las decisiones que estimen convenientes”, señaló este lunes en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Al tiempo que el doctor Fernando Simón ratificó que el confinamiento es la medida “más rápida y eficaz” para reducir rápidamente la transmisión del virus pero si el Govern no puede aplicarlo, se pueden “plantear otras opciones” que a su juicio serán “suficientes” como modificar los aforos de los negocios, las aperturas de sitios públicos, etc. De hecho, Aragón informó hoy de que Zaragoza capital, su área de influencia y la ciudad de Huesca regresarán durante un tiempo a la fase 2 de la desescalada pero con condiciones más “flexibles”.

En este contexto, el Gobierno presentó este lunes a las administraciones regionales un borrador del “plan de respuesta temprana en un escenario de control de la epidemia”, que previsiblemente será aprobado el jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La nueva estrategia marca el camino a las autonomías pero con la intención de que las actuaciones sean “consensuadas”, en función de tres escenarios posibles.

En el primero, la situación será igual que en la actualidad, en la que los gobiernos regionales deciden cómo actuar. Si bien, en el caso de que sus acciones no den resultado y que el virus se extienda por varias autonomías o haya que adoptar actuaciones coordinadas en salud que afecten a más de un territorio, el plan establece que corresponderá al Ministerio de Sanidad tomar una decisión de obligado cumplimiento, previo conocimiento del Consejo Interterritorial y con audiencia a las comunidades afectadas. Es lo que el Gobierno denomina “actuación coordinada”, un paso anterior al estado de alarma, que no se descarta pero que el Ejecutivo espera que no haya que aplicar.

“Si conseguimos medidas adecuadas a tiempo, es muy posible que evitemos medidas drásticas que afecten a grupos grandes de población”, señaló Simón. Para ello, el plan establece que que las autonomías deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos, entre otros.

Asimismo, fija que las comunidades tengan una reserva estratégica de productos necesarios para hacer frente al covid durante un periodo de ocho semanas. Y el Estado dará cobertura al 25% del consumo medio total durante dos meses en lo relativo a equipos de protección individual y productos sanitarios.