Tres millones de euros por un accidente de tráfico que le dejó en silla de ruedas

El 21 de febrero del 2012 su vida dio un vuelco. Un camión de alto tonelaje embistió por detrás el coche que conducía. Una colisión en cadena en la carretera B-224, a la altura de Martorell, en la que se vieron implicados cuatro vehículos. Las graves lesiones que sufrió le imposibilitan caminar. Desde entonces necesita silla de ruedas para moversé y tuvo que abandonar su profesión de carpintero. Ocho años después del accidente, un juzgado ha estimado su demanda y la compañía de seguros Plus Ultra a pagar a este hombre 1,2 millones de euros, más  intereses legales, por las lesiones y daño morales a familiares, entre otros aspecto. En total, unos tres millones de euros. La aseguradora, que ha presentado un recurso, solo ha dado  a la víctima 74.000 euros en todo estos años.

“El abandono a nuestro cliente fue manifiesto e intencionado, confiando la compañía en que tendría algún antecedente o se le pillaría en alguna situación que haría caer la reclamación. Mi máxima: con la verdad vamos a todas partes. Fue imposible pillarlo en nada, ni antecedentes médicos ni simulaciones en la calle. Todo es cierto”, asegura la abogada Mónica Santiago, del despacho Vosseler, que representa al lesionado.

La sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Martorell, Alfonso Cordón, y  a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene que la víctima, que tenía 36 años cuando ocurrió el siniestro, circulaba por la B-224 cuando, en el kilómetro 26 en dirección a Piera, tuvo que detenerse por la afluencia de tráfico. “De forma absolutamente repentina e inesperada”, un camión colisionó con su vehículo por la parte posterior, recibiendo por un “fuerte impacto” y provocando un choque en cadena. El hombre quedó atrapado en el interior una hora o más. A raíz de ello, el hombre sufrió una comprensión en el nervio ciático.

El periplo médico del accidentado para saber la dolencia que tenía fue largo. La compañía aseguradora del camión era Groupama, absorbida por Plus Ultra, que solo le abonó al cabo de un año y medio (más allá de los tres meses que prevé la ley de contratos de seguros, según la abogada) un pago de 74.000 euros. Nunca más le dieron nada, a pesar de que el hombre se vio obligado a cerrar su negocio de carpintería. Padecía un fuerte dolor en la pierna derecha, hormigueo y adormecimiento. La imposibilidad de caminar le llevó a un estado psicológico deplorable y a tres intentos de suicidio.

Era totalmente dependiente, hasta tal punto que su esposa cargaba con su cuerpo a la espalda para subir las escaleras y llevarle a la habitación. Tampoco podía disfrutar plenamente de su hijo de seis años, ni del nacimiento del segundo. Al final, interpuso la demanda contra la aseguradora, ahora condenada. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le ha reconocido este hombre la incapacidad permanente absoluta.

La defensa de la compañía de seguros planteó la declaración de la víctima del accidente, aunque, posteriormente, en el inicio del juicio, se desdijo. En la vía civil, como es este caso, la demandante no puede hacerlo. “Es inadmisible que en un caso como este se pueda privar a la víctima de expresar su propia experiencia ante un tribunal. Además de arrojar luz al caso, podría verse satisfecha la necesidad del colectivo de grandes lesionados que después de mucha frustración pueden expresarse ante el juez”, apunta Mónica Santiago. En su opinión, en cada capital de provincial debería crearse un juzgado especializado en reclamaciones de grande lesionado derivados de accidentes de tráfico y negligencias médicas.