Barcelona detecta mafias que trafican con menores para robar

En Barcelona se ha detectado casos de mafias de trata de seres humanos que no solo explotan con violencia e intimidación a mujeres sexualmente, sino trafican con menores extranjeros para delinquir o a medigar para ellos, según ha explicado este martes Pilar Izaguerri, fiscal delegada del servicio de extranjeria. En la capital catalana hay abiertas dos investigaciones judiciales contra unas tramas que obligaban a niños a robar o a vender droga.

La fiscalía catalana logró en el 2019 una sentencia pionera  en España. La Audiencia de Barcelona condenó a ocho años y 10 meses de prisión por varios delitos, entre ellos el de trata de seres, al padre y al hermano de una menor, nacida en Catalunya, pero de nacionalidad bosnia, que fue obligada en julio del 2015 a viajar desde el asentamiento gitano de Roma donde vivía a la capital catalana para que se dedicara a hurtar para la familia. Después, ya en el 2016, el progenitor la vendió por 5.000 euros a un francés para que hiciera lo mismo en el país vecino, aunque volvió a Barcelona porque el padre no percibió esa cantidad.

Para mendicidad

Además de estas dos investigaciones, en la capital catalana también se está tramitando otro proceso por otra modalidad de trata de seres también reprobable: el tráfico ilegal de niños extranjeros y con discapacidad, en este caso de Rumanía, para mendicidad, una tipología que cuenta también con una sentencia dictada hace un par de años. Desde la fiscalía y las fuerzas de seguridad del Estado se está haciendo un esfuerzo importante para la persecución, asimismo, de la trata con fines de explotación laboral y la sexual. En Barcelona se siguen por estos casos más de una treintena de procesos. La fiscala Pilar Izaguerri considera que sería necesario ampliar el plan nacional de trata de seres humanos, así como una “regulación más específica y concreta” para luchar contra esta actividad delictiva.

Uno de los inconvenientes con los que se encuentran los investigadores es la dificultad para que la víctima extranjera denuncie. En estos casos, se ofrece la posibilidad de paralizar el procedimiento administrativo de  expulsión y se le concede lo que se denomina “periodo de restablecimiento y reflexión”. Las autoridades pueden declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y puede facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país o la autorización de residencia y trabajo.