Algarrobico, el cadáver de hormigón símbolo de una época

La sorpresa surge al trazar una curva de la carretera que, pegada al mar, une Carboneras con Mojácar (Almería): una mole blanca de 21 plantas y 411 habitaciones a apenas 50 metros de la orilla. Diecisiete años después de que se iniciara su construcción, el esqueleto del hotel Algarrobico continúa a la espera de que se dicte de una vez por todas la orden de demolición y se restituya la zona a su aspecto original, como fijó la sentencia que declaró ilegal el inmueble. Sin embargo, el edificio resiste ante la inacción de las administraciones.

La historia del hotel, que consiguió la licencia de obra en 2001 pese a que el proyecto contravenía la Ley de Costas, plasma a la perfección una época en la que los ayuntamientos encontraron en el ladrillo y el turismo masivo la herramienta perfecta para conseguir ingresos. Pero también refleja los vaivenes de las administraciones públicas a medida que la ciudadanía se concienciaba del destrozo que suponían esas aventuras para el patrimonio natural.

Polémica por un hotel en el corazón virgen del parque natural del Cabo de Gata

Las denuncias de los ecologistas lograron frenar la construcción en 2006, tres años después de su inicio y con el inmueble al 80%. Desde entonces, empresa, administraciones públicas y conservacionistas se han enredado en los juzgados con sentencias sobre la validez de la licencia de obras, de los planes urbanísticos del parque natural Cabo de Gata y de la parcela donde se levanta el hotel o incluso sobre la titularidad del suelo. En total, 24 fallos en contra del inmueble y dos a favor-.

 El golpe definitivo lo asestó en 2016 el Supremo: el hotel se levantó en suelos no urbanizables y, además, el terreno en el que se construyó era de la Junta, no de la promotora.

Proceso estancado

Desde entonces, los conservacionistas están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se reúna y obligue al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el PGOU, el trámite que debe activar el botón rojo del derribo. Unos trabajos en los que la Junta y Gobierno central ya han repartido tareas y gastos (unos 10 millones). Pero el proceso sigue estancando, y con varios flecos abiertos.

Así, el TSJA tiene pendiente desde hace casi dos años fijar esa sesión. Ante el retraso, Greenpeace reclama que no se espere al turno que le corresponda y se inicie por vía de urgencia. La Junta tampoco ha iniciado aún el pleito civil para inscribir a su nombre el terreno.

Por su parte, la promotora, Azata del Sol, reclama 98 millones de indemnización por responsabilidad patrimonial, retrasando aún más la resolución de un conflicto en el que todo apunta a que el hotel será derribado, pero no a cuándo.