06 jul 2020

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Querellas por las muertes de ancianos

Los geriátricos planean elevar la pelota a los políticos

Las residencias acusadas de negligencia u homicidio imprudente alegarán en su defensa que cumplieron las instrucciones de las autoridades

El baremo de referencia de indemnizaciones valora el fallecimiento negligente de un anciano en 23.883 euros para sus hijos mayores de 30 años

Juan José Fernández

Una residente en un centro de mayores del sur de Madrid, esta mañana. 

Una residente en un centro de mayores del sur de Madrid, esta mañana.  / DAVID CASTRO

La mañana del pasado día 23 lo dedicó el bufete Escura de Barcelona a instruir a directores y gerentes de residencias para "el segundo ataque de la pandemia: demandas, querellas y fiscalía". Así se titulaba un videoseminario para profesionales de la gestión de geriátricos, previo pago de 100 euros de inscripción, en el que los juristas Josep de Martí Fernando Escura, entre otros, aclaraban: "¿Podrán reclamar las residencias a las administraciones?"

por ahí va la estrategia de defensa que preparan las empresas mientras las familias presentan denuncias. La respuesta pasa, según fuentes de la investigación que sigue la Fiscalía, por asegurar al juez que siempre cumplieron las instrucciones que dieron Sanidad y los gobiernos autonómicos.

Las mismas fuentes creen que un 90 por ciento de las diligencias que hoy sigue la Fiscalía -240 penales y 194 civiles- pueden ser archivadas. Para el ministerio público , una acusación en torno a "la dejación, el abandono, la negligencia y el descuido se ha de basar en una culpa incontestable". Así se manifestó la pasada semana la Fiscalía de Madrid al archivar por "inexacta" una denuncia de la Asociación el Defensor del Paciente contra un centro de diálisis donde cogieron coronavirus y fallecieron siete personas.

Difícil acusación

El letrado madrileño Ignacio Palomar, que en el bufete Servilegal representa a varios hijos de muertos en geriátricos, admite la dificultad que tienen ante sí las acusaciones penales por lo ocurrido en los geriátricos: "Si una residencia ha cumplido las directrices generales, el dolo se ve muy diluido, pero hay una responsabilidad civil de la Administración".

"Es difícil juzgar desde un despacho lo que ha pasado en las trincheras", opina el letrado Ignacio Palomar

En cualquier caso, en su opinión, los juicios que se terminen celebrando se encontrarán con una dificultad de base para juzgar lo que ha ocurrido en las residencias durante los meses negros de marzo y abril: "Es difícil juzgar desde un despacho lo que ha pasado en las trincheras. No hay un tipo penal aplicable en cada caso. Las denuncias que corren riesgo de ser archivadas son las que se presentan a pelotón, como churros".

Ahora bien, también en su opinión, las denuncias enviadas la fiscalía buscando la vía penal tienen una utilidad: "Llegan sin pruebas a la fiscalía, pero esta investiga, y de la investigación penal salen pruebas que luego se pueden utilizar en la vía civil".

El abogado Ignacio Palomar, en su despacho de Madrid. /DAvid castro

Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma para la Dignidad de las Personas Mayores, ha pedido a la Fiscalía que investigue a 51 geriátricos porque "no cumplieron el protocolo de Sanidad, no derivaron a los internos a los hospitales, no se entregaron EPIs al personal y no se cumplió con la obligación de comunicar si no podían clasificar y separar a los ancianos".

Relación de fallecidos

"En estas historias ha habido un actuación negligente que, si no es penal, es civil", opina Miguel Vázquez en alusión también a aquellos directivos de la Administración sobre los que recayó la decisión de negar una oportunidad a los viejos hospitalizándolos.

Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias. / DAVID CASTRO

Las denuncias que presenta en Barcelona la Coordinadora de Residencias, explica su portavoz, María José Carcelén, piden por su parte a la fiscalía que "exija la relación de fallecidos desde el 1 de marzo en un geriátrico; de esos, quiénes fueron al hospital y a quiénes se les negó; y a estos últimos, qué asistencia se les dio".

El centenar largo de pesquisas civiles que sigue la fiscalía puede seguir otro sendero. Y también tiene sus obstáculos. La responsabilidad civil de las residencias por el fallecimiento de sus internos no se podrá acreditar solo porque el coronavirus los matara entre sus muros. "Es preciso constatar una relación de causalidad entre la prestación realizada, el posible incumplimiento del contrato y el daño sufrido", recuerda Ignacio Palomar.

No habrá en cualquier caso indemnizaciones millonarias en las denuncias postpandemia. Para las muertes negligentes, el baremo de Tráfico, referencia en estos casos, prevé para un hijo mayor de 30 años que haya perdido a un padre de 70 en un geriátrico… no más de 20.883 euros.