Protestas en la Ertzaintza por tener que vigilar fraudes en la renta mínima vasca

El Gobierno Vasco emplea a la Ertzaintza en labores de control del fraude contra la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el ingreso mínimo vital vasco. Lo hace para verificar el cumplimiento de los requisitos por sus beneficiarios, pero esta misión provoca no pocas incomodidades entre los policías autonómicos, que no consideran propio de su trabajo ir a las casas a comprobar si reside en ellas un perceptor de ayudas.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que dirige la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, ha recibido este viernes un escrito de protesta del sindicato de la Ertzainta SIPE-Fepol en el que los policías exigen que se les aclare en base a qué acuerdo con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales deben los ertzainas ir casa por casa a vigilar a personas en riesgo de exclusión.

"La utilización de la Ertzaintza en este asunto de control de si reside o no en cierto domicilio la persona que ha solicitado o está beneficiándose de la RGI es utilizar recursos policiales mermando la seguridad de los ciudadanos", dice la carta.

Lista de domicilios

Desde hace un año, según fuentes policiales vascas, cada mañana en los briefings de las patrullas de seguridad ciudadana de la Ertzaintza, los agentes reciben el encargo de revisar una media de diez direcciones postales para comprobar si vive en ellas quien se registró como vecino.

El fraude más común contra la RGI es el del perceptor que se empadrona en una localidad vasca, se hace beneficiario por su situación y después se va a vivir fuera de Euskadi y sigue cobrando en su cuenta corriente. Los complementos a los ingresos familiares previstos por la RGI pueden ascender hasta los 1.074 euros mensuales.

Según los datos del Gobierno de Vitoria, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) detectó en 2017 un total de 442 casos de fraude entre perceptores de la RGI. No se han publicado datos referidos a 2018. Esa bolsa de fraude no llega al 1 por ciento, según reiteraron en su día diversos portavoces del ejecutivo autonómico, pese a lo llamativo de un caso de supuesta falsedad documental de 662 pakistaníes en Guipúzcoa que provocó ruido político en Euskadi, pero que no se acreditó en su totalidad. La última cifra de perceptores de la RGI publicada por el Gobierno Vasco es de enero pasado, y suma 52.455 personas.

Hay inspectores

"Ir a verificar una casa no es trabajo policial, no es trabajo para la Ertzaintza. Si hay un fraude ahí, se resolverá por la vía administrativa, no hay un ilícito penal", se queja el secretario de organización del SIPE, Juan Carlos Sáenz. "Eso entra en las competencias de quien lleve el padrón en cada ayuntamiento. Dedicar policías a esto merma la dedicación a la seguridad ciudadana".

Según Sáenz, sus compañeros ven con malos ojos este tipo de encargos porque, entre otras razones, "se están pasando datos de personas beneficiarias de prestaciones sociales a un segundo estamento administrativo, la Ertzaintza, que no es competente en eso. Son personas que han dado sus datos a un departamento de políticas sociales para que se les dé una ayuda, no para enviarles a la policía. Se puede estar vulnerando la Ley de Protección de Datos", advierte.

El escrito de queja recuerda que "en el año 2014 Lanbide creó una unidad con 18 inspectores para mejorar la lucha contra el fraude en la RGI" y sostiene que "no es entendible que a las unidades de la Ertzaintza se les haya asginado la labor de inspectores de Lanbide".