El Gobierno propone crear un sistema estatal de cuidados, con 300.000 empleos

La red de cuidados en España es "frágil, feminizada, extremadamente precaria y ha saltado por los aires durante la crisis sanitaria". Este es el diagnóstico de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre el sistema de atención a los menores, ancianos y dependientes y un análisis compartido por los cuidadores y la sociedad civil que los representa. Ante un problema que “lleva sin resolverse siglos” y que se ha “agravado” con la pandemia, el Gobierno ha propuesto hoy un "gran Pacto por los cuidados", similar al que hace años se firmó contra la violencia de género, y la instauración de un "robusto sistema estatal de cuidados" que cree unos 300.000 empleos públicos destinados a atender a los más vulnerables. 

“Además de promover el reparto equitativo de las tareas de cuidados en las familias, necesitamos una red pública de cuidados que sostenga desde lo común una parte importante de las mismas, con salarios y empleos de calidad y con todas las garantías para quienes cuidan y quienes son cuidados”, ha sostenido la ministra en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, donde ha tenido un fuerte encontronazo con Vox.

En su opinión, el sistema estatal debe garantizar el derecho a recibir cuidados, el derecho a cuidar en condiciones de igualdad, “lo que supone reconocer y valorar socialmente los cuidados no remunerados, garantizando las condiciones económicas y de tiempo para llevarlos a cabo” y el derecho a trabajar en condiciones dignas. Si bien, el derecho a cuidar en igualdad solo puede garantizarse, según la ministra, con transformaciones “profundas” en el mercado de trabajo, que garanticen la conciliación.

Teletrabajo que no penalice a las mujeres

Para ello, la titular de Igualdad se ha comprometido a impulsar, junto al Ministerio de Trabajo, una ley de tiempo corresponsable, que proporcione "el derecho a la conciliación". “Que la conciliación no suponga una renuncia para las mujeres y, además, sea también un derecho de los hombres sin que la sociedad les penalice pasa por avanzar legislativamente en múltiples direcciones", ha señalado. En este sentido, además de la nueva ley, que está recogida en el acuerdo de coalición del Gobierno, el Ejecutivo prepara una regulación del teletrabajo con perspectiva de género, para que esta modalidad no sea una “trampa” para las mujeres, dado que aún hoy en muchas empresas para promocionar se requiere la presencia física, por ello se va a buscar una legislación que posibilite la conciliación y el derecho a la presencia física, mientras sea una de las condiciones para la asunción de responsabilidades en las compañías.

En marzo el Gobierno prometió una prestación para aquellos trabajadores que tuvieran que pedir excedencias o reducir su jornada debido al cierre de los colegios, pero nunca se puso en marcha. Montero ha explicado que les dio “miedo” impulsar esta medida, que se acogieran sobre todo mujeres y esto agrandara la brecha laboral.