01 oct 2020

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CRISIS SANITARIA INTERNACIONAL

El fin del estado de alarma reactiva 800 desahucios paralizados en Catalunya

Cientos de hogares no se pueden acoger ya a las excenciones fijadas por el gobierno durante la pandemia

Entidades vecinales y la PAH consideran "vergonzante" e "injusto" que se reanuden las expulsiones en plena crisis social

Elisenda Colell

Rocío Perez, junto a su marido y su hija, debe afrontar el desalojo del piso donde vive de ocupa la semana que viene.

Rocío Perez, junto a su marido y su hija, debe afrontar el desalojo del piso donde vive de ocupa la semana que viene.

"¿Mami, nos echarán de casa?". Esta es la pregunta que hace cada día Camelia, una niña de 4 años, a su madre Rocío Pérez. Una pregunta que la madre solo sabe responder con sollozos. A pesar de cobrar una prestación y de llevar varios años en lista de espera para una vivienda social en L'Hospitalet de Llobregat, la familia no ha encontrado otra solución para tener un techo que ocupar una vivienda para no quedarse en la calle. Tras la pandemia, creían que su desahucio se suspendería. Pero no. Este lunes, la comitiva judicial ha hecho acto de presencia con la intención de proceder al desahucio, que finalmente ha quedado aplzado para el próximo julio. Como ellos, cientos de familias en Catalunya ven cómo la maquinaria judicial de los desahucios se ha reactivado, sin poderse acoger a las ayudas del gobierno. Según datos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), durante el estado de alarma hubo 788 desahucios que fueron suspendidos. Ahora los jueces, presionados por los propietarios, empiezan a reactivarlos para este verano. 

"Después de todo lo que ha pasado con el coronavirus, esperaba un poco más de humanidad, sinceramente", cuenta Rocío. "Yo no puedo vivir esta situación, no me puedo quedar en la calle con mi hija", expone la mujer. Su familia vive con 800 euros al mes, la ayuda de la Renda Garantida de Ciutadana que abona la Generalitat. Hace un año que ocupa la casa en la que vive. "Porque no tenía otra solución", defiende. Dice llevar ya cuatro años esperando una vivienda de la mesa de emergencia por un desahucio anterior. "Yo no me niego a pagar, pero necesito un alquiler social, estos precios que hay no los podemos asumir", se defiende. 

Miembros de la PAH Ciutat de l'Hospitalet celebran la paralización del desahucio de Rocío, este lunes. / MANU MITRU

La historia de Rocío no es la única. Un padre de familia que no quiere revelar su nombre afronta también un desahucio programado para el 18 de junio. En su vivienda de Badalona residen un matrimonio y tres niñas de 12, 10 y seis años. En este caso, la familia ha dejado de pagar el alquiler. "Llevábamos 10 años pagando 150 euros al mes, pero el año pasado un fondo de inversión compró el edificio entero y nos subieron el alquiler a 500 euros, esto no lo podemos asumir", agrega el padre, que reconoce que la familia sigue a flote porque percibe la Renda Garantida de Ciutadania. "No nos negamos a pagar, pero no tenemos este dineral", cuenta el padre desesperado. Hace un año que dejaron de abonar las mensualidades, y tras ser notificados del desahucio, la familia tenía cita el 24 de abril en la Oficina Local de Habitatge de Badalona para tratar de aplazar la expulsión, o encontrar una solución. "Nos hemos visto con la oficina cerrada, no hemos podido tramitar nada", lamenta el hombre. El juzgado y el propietario han tomado la directa. Si nada cambia, tendrán que salir el próximo jueves.

"Pues yo lo tengo clarísimo, si nos echan, romperé la puerta de nuevo y volveré a entrar", responde sin tapujos José (nombre ficticio). Tiene una dolencia neurodegenerativa, (la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth), que de momento le ha dejado con una discapacidad del 66%. Vive con una paga no contributiva de menos de 600 euros al mes, y un hermano que, sin contrato, trata de seguir a flote con trabajos en negro, algo imposible tras la pandemia. Ambos llevan ya un año ocupando una vivienda del BBVA en Badalona. "No tenemos absolutamente ningun sitio donde vivir, podemos comer pero es que si nos echan nos quedaremos en la calle", relata. Su desahucio está previsto para el 16 de junio. 

Barrios humildes

"Esto no puede ser, todos pensábamos que, tal y como había prometido el gobierno, hasta septiembre no habría desahucios, pero no es verdad", se queja Enric Marín, miembro de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, que trata de paralizar los desahucios en uno de los barrios más humildes del área metropolitana. Esta semana ya tenían dos desahucios previstos, que se han logrado aplazar. La que viene les esperan tres más, y en julio otros tantos. La misma realidad que está constatando, por ejemplo, la PAH Ciutat de l'Hospitalet. "Esta semana varias familias han vuelto a recibir notificaciones de los juzgados, muchos son familias con menores a cargo y sin recursos que están okupando pisos y en lista de espera para una vivienda de aquiler social que les debería facilitar la administración", dice uno de los portavozes de la entidad, Antonio Torres. 

Pero esta realidad trasciende el Área Metropolitana. A la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Terrassa le constan órdenes de desahucios que se están realizando, aunque en algunos casos también aplazando. "Cómo se atreven a mandar a las comitivas judiciales... ¿es que no tienen vergüenza, con todo la que está cayendo?" lamenta Guillem Domínguez, uno de sus portavoces. "¿Dónde están los ayuntamientos, dónde están la Generalitat y el Estado? Es que ahora mismo no tendría que haber ni un solo desahucio", se queja. La PAH ha elaborado varios documentos para que las familias traten de aplazar la expulsión alegando un riesgo para la salud, en plena pandemia. "Esperemos que esto ayude, la realidad es que hay cientos de familias muy vulnerables que no cumplen los requisitos de la prórroga que anunció el Gobierno", señala uno de los portavoces en Catalunya, Juanjo Ramón, consciente que cientos de hogares no llegan a las plataformas.

Fuentes municipales también confirman que los desahucios han regresado. "Las restriccciones del estado de alarma son muy concretas: estar viviendo de alquiler y haber sufrido un erte por el coronavirus. Hay familias mucho más vulnerables que ni siquiera logran cumplir estas condiciones", agregan estas mismas fuentes. El consistorio de Terrassa ha mandado una carta a los juzgados rogando que paralicen todos los desahucios. Fuentes de la Federació Catalana de Municipis piden que la Generalitat intervenga y trate de evitar esta catástrofe. "Los ayuntamientos no tenemos medios para poder hacer frente a esta realidad, y la que puede caernos encima este verano es muy preocupante", detallan a El Periódico.

En Barcelona también se temen lo peor. De momento, a la plataforma Raval Rebel solo le constan presiones por abandonar la vivienda a familias que se han quedado sin ingresos y deben abandonar las habitaciones que realquilan. "Es cuestión de tiempo, hay muchas familias que ya eran vulnerables antes del coronavirus, y esto nadie lo tiene en cuenta", se queja Anna Moreno, miembro de la entidad. También en Ciutat Meridiana, Fili Bravo, presidente de la Asociación de Vecinos, intuye lo que vendrá. "De momento no hemos recibido notificaciones, pero aquí la mayoría de familias están ocupando", señala. "Nos tememos lo peor, pero si hay desahucios que nadie tenga la menor duda de que allí estaremos en la puerta para pararlos, si ellos no respetan la tregua del virus, nosotros tampoco", agrega.  

De hecho, Sant Roc Som Badalona insiste en que, tras el nuevo decreto de vivienda que aprobó la Generalitat hace pocos meses, el Govern puede sancionar a todos los grandes propietarios que desahucien sin ofrecer una vivienda alternativa a las familias vulnerables. "No vemos que estén por la labor", lamenta Marín. 

Miles de extranjeros sin ayudas

Una de las pocas ayudas que facilitó la Generalitat para que los inquilinos no fueran expulsados de sus casas, fueron las ayudas para el alquiler a todos aquellos afectados por erte o suspensión de ingresos. Unos fondos, de hecho, que el Govern agotó a los pocos días. El problema es que el trámite, que solamente se pudo hacer de modo telemático, permitía acceder a ellos aquellas personas que tuvieran DNI. Los extranjeros con permiso de trabajo y de residencia, es decir con NIE, no pudieron presentar su solicitud hasta que el trámite fuera presencial en las oficinas de Habitatge.