29 oct 2020

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VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS

El Defensor del Pueblo denuncia las "disfunciones" de las residencias

"Hay errores en el camino, pero no es imputable a esta situación", afirma Francisco Fernández Marugán en el Congreso

Europa Press

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. / ARCHIVO / EFE

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha afirmado que el conjunto del sistema residencial de mayores en España "adolece desde hace años de una serie de disfunciones que es necesario corregir".

"Hay errores en el camino, pero no es imputable a esta situación (de pandemia). Adolece desde hace años de una serie de disfunciones que hay que corregir", ha manifestado Fernández Marugán en su primera comparecencia ante los miembros de la comisión mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Defensor del Pueblo, celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados, para exponer su gestión en 2018 y 2019.

El Defensor ha asegurado que la pandemia del coronavirus "ha puesto de relieve una serie de sucesos que, de alguna manera, hay que corregir". "Hay que cambiar el modelo y ahí están ustedes, yo no. Yo me dedico a otras cosas", ha insistido, para añadir que los retos que tiene por delante el sector "se incrementarán en el futuro" ya que la población usuaria "crece y seguirá creciendo a lo largo de los próximos años".

Fernández Marugán considera necesario un "compromiso real y efectivo de las administraciones competentes con los centros residenciales, con los profesionales, con los usuarios, con las familias para lograr una atención adecuada en esta cuestión".

Quejas por las residencias

Durante su intervención, Fernández Marugán ha explicado que en el año 2017 la institución recibió "muchas" quejas sobre la atención a las personas mayores en estos centros, por lo que inició un conjunto de actuaciones de oficio con todas la comunidades autónomas para conocer qué tipo de atención se presta a los residentes y en qué medida las actuaciones que llevaban acabo "garantizaban sus derechos".

Tras su análisis, las reformas que, en su opinión, debería abordarse pasan por incrementar el número de plazas, que "no son muy abundantes" y, ello requiere un mayor presupuesto; reforzar la atención médica y de enfermería para que esta sea "más amplia; elevar el número de profesionales; y mejorar los procesos de inspección de los centros de mayores, entre otras.

En este sentido, cree que las CC.AA. deben llevar a cabo una "armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento".

El Defensor considera "imprescindible" abrir un debate político y social para encontrar vías efectivas que aborden el problema la soledad no deseada. En su opinión, es necesario que la sociedad "tome conciencia" y hacer cuanto antes un diagnóstico correcto del problema que permita impulsar políticas de prevención y combate de la soledad.

Gasto sanitario insuficiente

Durante su intervención, ha abordado la situación del Sistema Nacional de Salud. "Aunque el gasto sanitario público se ha recuperado en los últimos ejercicios, el número de beneficiarios también se ha elevado mucho y muy rápidamente, mientras que los recursos han avanzado con bastante más lentitud", ha declarado, para agregar que "España gasta un punto menos en sanidad que la media de la UE, alrededor de 12.000 millones de euros menos".

En este sentido, el Defensor ha asegurado que la reducción del los presupuestos en materia de Sanidad ha traído consigo "listas de espera demasiado largas y urgencias frecuentemente saturadas". "España tiene escasez de médicos en atención primaria, en sanidad rural y en especialidades y también escaso número de profesionales de enfermería, con una tendencia a utilizar crecientemente los contratos temporales y a tiempo parcial, lo que da lugar a una gran rotación de personal", ha relatado.

"Los profesionales sanitarios manifiestan su preocupación por las condiciones de precariedad laboral bajo las que trabajan", ha añadido, al tiempo que ha manifestado que esta situación requiere de "un gran acuerdo político y social para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud".

En materia educativa, Fernández Marugán ha reiterado la necesidad de alcanzar un Pacto por la Educación. "No surge de un día para otro. Necesita tiempo para implementarse y perfeccionarse", ha señalado, para después añadir que un buen sistema educativo debe tener "estabilidad para evaluar los resultados, corregir las deficiencias y optimizar los recursos y flexibilidad".

Por otra parte, para que un sistema educativo sea adecuado, ha recordado que es necesario contar con una financiación adecuada y suficiente; disponer de un buen sistema de selección y formación del profesorado; promover la inclusión social; facilitar la igualdad en las condiciones de partida según la situación económica de los alumnos; permitir una mayor implicación de las familias y establecer un buen sistema de becas.

Más vivienda social en alquiler

En relación con la vivienda, opina que es imprescindible "aumentar el parque de vivienda social en alquiler y priorizar en el acceso a la vivienda a colectivos en riesgo, como son familias con rentas bajas y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes".

Al respecto de la situación de las personas migrantes, ve necesario reforzar "sin más demora" la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia, e implementar "de manera urgente" una política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad.

"Tenemos que ser capaces de poner en marcha con urgencia medidas efectivas y flexibles que den respuesta a las llegadas de estas personas que nos piden a gritos acogida", ha afirmado, para después apostar por "actuar de manera coordinada con los otros países europeos".

Registro de 'menas' 

Sobre los menores extranjeros no acompañados, Fernández Marugán ha pedido mejorar su registro. "Tenemos dificultades para conocer exactamente en cada momento cuántos han llegado y donde están", ha subrayado.

El Defensor del Pueblo ha explicado en el Congreso su gestión en 2018 y 2019. En concreto, ha señalado que en 2018 se realizaron 17.697 actuaciones, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra se incrementó un 16,5% en 2019, hasta alcanzar los 20.616 expedientes.

Finalmente, respecto a las resoluciones dictadas (recomendaciones, sugerencias y advertencias de deberes legales), alcanzaron las 1.152 en 2018 y las 1.551 en 2019, lo que supone un incremento del 34,63%.