El PP apoyará el ingreso mínimo vital, que será convalidado en el Congreso

Iglesias, sobre el ingreso mínimo vital: "Es el mayor avance en derechos sociales del país"

Iglesias, sobre el ingreso mínimo vital: "Es el mayor avance en derechos sociales del país" / periodico

Patricia Martín

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El PP sigue con las espadas en alto en contra del Gobierno, como se demostró este miércoles, una vez más, en la sesión de control al Ejecutivo, si bien, dará un respiro a la confrontación con PSOE y Unidas Podemos al votar a favor de la creación en España de un ingreso mínimo vital, cuyo decreto de regulación será convalidado en el Congreso con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox.    

En defensa de la prestación, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, aseguró que se trata de una ayuda de “pura justicia social”, especialmente “útil contra la pobreza infantil”. Asimismo, aplaudió que el PP “haya rectificado” al mostrar su apoyo a la medida, si bien tachó de “indígnate” porque “falta el respeto a muchos que no consiguen llevar a casas la dignidad mínima” en forma de ingresos que Vox haya descalificado la ayuda como “paguita clientelar” en las redes sociales.

A su vez, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que de forma inusual se repartió el tiempo de intervención con otro miembro del Ejecutivo en la tribuna, señaló que el ingreso mínimo tendrá una “gran potencia redistributiva”, supone “corregir un déficit histórico” y situar a España “a la vanguardia en políticas públicas”. El ministro destacó que la nueva prestación tiene “dos novedades”, una gracias a su diseño, al tener en cuenta la “realidad económica y familiar de los beneficiados” y, otra, al incorporar medidas de incentivación en la búsqueda de empleo.   

Los beneficiarios

De hecho, la nueva prestación está pensada para dar un respiro a unas 850.000 familias en situación de pobreza extrema, que recibirán entre 462 euros y 1.015 euros por hogar pero serán sancionadas si rechazan una oferta de trabajo. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y su cobro, una vez tramitado, tendrá efectos retroactivos a 1 de junio. La medida tendrá un coste anual para el Estado de algo más de 3.000 millones de euros.

Se trata de una medida incluida en el acuerdo del Gobierno de coalición, que se ha acelerado con la crisis sanitaria y el aumento de la pobreza que ha traído consigo el confinamiento y que no ha estado exenta de confrontaciones internas en el seno del Ejecutivo.

Los argumentos de la derecha

El PP, que había mantenido la incógnita de si se abstendría o votaría a favor, finalmente apoyará la medida con el argumento de que fueron las comunidades autónomas donde gobierna quienes primero implantaron una ayuda de estas características. Aún así, los populares solicitaron, al igual que Cs, que el decreto se tramite como proyecto de ley para enmendar “fallos clave”, como es, en su opinión, que el Gobierno gestione la prestación y no las comunidades, salvo en Navarra y el País Vasco. Asimismo el PP considera necesario mejorar su vinculación a la búsqueda de empleo.

Vox, pese a señalar en la tribuna que el ingreso mínimo vital pone en “riesgo de muerte” al sistema de seguridad social y criticar que se incluya como beneficiarios a extranjeros que lleven un año de residencia en España, se abstendrá “porque los compatriotas necesitan la ayuda”, según argumentó la diputada María de la Cabeza Ruiz.