Las víctimas de abusos sexuales defienden la nueva ley pero piden que se aplique

Víctimas de abusos sexuales valoran positivamente el anteproyecto de ley para proteger a la infancia. Tanto el activista Miguel Hurtado como Manuel Barbero, padre del primer denunciante del caso Maristas destapado por este diario, creen que se ha dado un paso importante pero subrayan que no es definitivo. «Si no se aplica adecuadamente, si no se destinan recursos económicos, quedará como una simple declaración de intenciones», avisan.

«A muchas víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica nos deja un sentimiento agridulce», analiza Hurtado, víctima del monje Andreu Soler de la Abadía de Montserrat. «Se habla de las escuelas, del deporte y de la familia pero no se alude explícitamente a los entornos religiosos, algo que no se comprende después de los casos de pederastia que han aparecido durante los últimos años», subraya.

Fuentes del Gobierno reconocen que no se hace una mención explícita pero señalan que la ley será de aplicación en todos los ámbitos, también el eclesiastico. El ahora activista aplaude, no obstante, que la ley incluya formación para detectar los casos o los protocolos que obligan a denunciarlos. 

La prescripción

Más complejo resulta el caso de la prescripción de los delitos. Barbero considera que el salto que se da es cualitativo porque ensancha enormemente la ventana de tiempo que tendrán las víctimas de maltrato sexual en la infancia para denunciar los hechos pero cree que distinguir entre la gravedad de los delitos investigados podría conducir a «confusiones». Hasta ahora, la caducidad de los delitos se activaba a partir de la mayoría de edad de las víctimas y con la nueva ley lo hará a partir de los 30 años. El caso Maristas se saldó con un único juicio para los 17 docentes denunciados. Es decir, a causa de la prescripción vigente, 16 profesores sospechosos –algunos confesos– no han sido juzgados. Hurtado, que opina que el cambio es substancial, cree que es insuficiente.

La comisión de investigación sobre abusos sexuales infantiles en instituciones de Australia publicó un estudio jurídico, que contaba con una muestra de 4.500 victimas y que concluyó que «la media de edad de las personas al denunciar era de 44 años». Esto significa que la ampliación española queda muy justa porque llega hasta los 45 años en los delitos más graves. 

En opinión de Hurtado, los partidos políticos catalanes y vascos, que representan comunidades especialmente afectadas por la pederastia, deberían «presionar» durante el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados para lograr que los plazos de prescripción se alarguen todavía más.  

Benítez y la cárcel

El pederasta que abusó del hijo de Barbero, Joaquim Benítez, condenado a 21 años de cárcel, sigue en libertad. Mañana, jueves,  tendrá lugar una nueva vista para decidir si debe o no comenzar a cumplir la condena. Dado que presumiblemente la defensa de Benítez presentará un nuevo recurso, Barbero cree que seguirá en la calle. Lo cual, asegura, es «frustrante».