03 jul 2020

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Consejo de Ministros

Iglesias confirma que la ley de violencia infantil se aprueba el martes

Ampliará los plazos de prescripción por pederastia, tal y como adelantó EL PERIÓDICO

La norma fija que la caducidad se inicie cuando la víctima tenga 30 años

El Periódico

Un niño lee cuentos destinados a coincienciar a niños y adultos sobre los abusos sexuales. 

Un niño lee cuentos destinados a coincienciar a niños y adultos sobre los abusos sexuales.  / DAVID CASTRO

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo aprobará el próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuya tramitación se vio interrumpida con el estado de alarma por la pandemia de coronavirus covid-19. De este modo, Iglesias confirma el Ejecutivo aprobará la norma que amplía los plazos de prescripción por delitos de pederastia, tal y como adelantó EL PERIÓDICO el sábado.

"En relación a los derechos de niños y niñas y adolescentes, es para mí un honor poder anunciarles hoy que este próximo martes vamos a aprobar en el Consejo de Ministros la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia", ha indicado en su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso.

Hasta los 30 años

Uno de los cambios "importantes" que conllevará esta ley será que "el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años", según ha precisado Pablo Iglesias. Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

La norma crea además nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores, así como actos de naturaleza sexual. Además, prevé que las autoridades judiciales retiren estos contenidos de internet para evitar la persistencia delictiva. Asimismo, el anteproyecto endurece las condiciones para el acceso al tercer grado, la libertad condicional o los permisos penitenciarios para personas condenadas por abusos sexuales a niños.

El proyecto legal establece el deber de denunciar las situaciones de violencia ante la autoridad competente, una exigencia que se configura de forma más severa para los colectivos que tienen encomendada la asistencia, la enseñanza o la protección de los menores. Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de contenidos en internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, sean o no delito.

El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019.