LA DESECALADA POR EL CORONAVIRUS

La justicia empieza a andar de nuevo con la amenaza de colapso

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J. G. Albalat

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La justicia empieza a andar de nuevo mañana jueves bajo la amenaza de que se dispare el endémico colapso que padece. La falta de medios materiaes, sobre todo los telemáticos y de videoconferencias, y humanos son un lastre desde hace años. La pandemia del coronavirus con la suspensión de los actos judiciales no urgentes ha agravado la situación. Los jueces no sólo en enfrentan a los efectos provocados por esta paralización y la suspensión de cientos de juicios y declaraciones, así como, otros trámites, sino también al alud que se prevé de demandas vinculadas a la crisis económica en el ámbito laboral (despidos o expedientes de regulación de empleo), mercantil (concurso de acreedores de empresas o de personas físicas) y civiles (modificación de acuerdos de divorcio como el cambio de pensiones alimenticias o la custodia de los menores). Septiembre puede ser un mes aciago por la acumulación de trabajo. La totalidad de la plantilla de funcionarios no se reincorporará hasta el próximo martes.

Este jueves empieza la "fase 0", como ha definido el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, de la desescalada de la Administración de Justicia, con retos, de entrada, importantes, como reorganizar la agenda de cada juzgado o tribunal para celebrar los juicios (había ya fijados para el 2021), declaraciones u otros actos judiciales que se han aplazado a causa del decreto de estado de alarma del 14 de abril pasado. El pistoletazo de salida de esta labor para conseguir esa "nueva normalidad" judicial es el levantamiento de la suspensión de los plazos y actos procesales, como la presentación de demandas o escritos y su posterior tramitación. Durante las 11 últimas semanas y en lo que llevamos de estado de alarma por la pandemia sólo se han realizado actuaciones urgentes (como juicios con preso o la actividad en los juzgados de guardia) o que se han considerado imprescindibles. El resto de la actividad se ha suspendido. De ahí que las autoridades judiciales catalanas, sobre todo la decana de los juzgados de Barcelona, Mercè Caso, hayan reclamado un plan de refuerzos para que “la situación no sea dramática”.

Limitación de accesos

Los profesionales de Derecho y el usuario se encontrarán con un panorama muy distinto en los juzgados por las medidas de protección sanitarias que se están aplicando para evitar los contagios por el covid-19. En recintos como el Palacio de Justicia de Barcelona, sede de la Audiencia Pronvincial y del TSJC, y la Ciutat de la Justícia de la capital catalana, complejo donde se concentran la mayoría  de los juzgados, limitarán el acceso y movilidad, así como el aforo permitido.

Por primera vez, se pondrá en marcha un sistema de cita previa (se podrá solicitar a través de correo electrónico o por teléfono) y podrán entrar en los juzgados las personas que deban declarar o seas testigos en un juicio o las que acompañen a una víctima. Los abogados y los procuradores que intervengan en un acto judicial no tendrán esta restricción. Los profesionales y las personas que acudan a los juzgados deben llevar mascarillas. Si algún ciudadano no tiene se le dará una, al menos, en el Palacio de Justícia.

Impulso de la videoconferencia

La forma de tomar declaración y de realizar determinas actos judiciales también cambiará, aunque, por ahora, de forma parcial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) preferente el empleo de medios telemáticos para estas actuaciones. Durante el estado de alarma se ha impulsado el uso de las videoconferencias en los juzgados de guardia, así como las aplicaciones informáticas para que los magistrados de un mismo tribunal pudieran deliberar.

En Catalunya, la Conselleria de Justícia ha adquirido 447 nuevas licencias de vidoconferencias (se suman a las 14 existentes), una por cada sala de vistas del territorio, para poder celebrar juicios por este sistema. Así podrán intervenir de forma telemática Mossos, abogados, procuradores, detenidos y presos. Ya hay 25.000 señalamientos programados, de los cuales el 98% son por la mañana y el 2% por la tarde (otra de las novedades). Sin embargo, la habilitación de unos días en agosto no está previsto que se aplique en la comunidad catalana.

La celebración de juicios telemáticos, según ha reconocido el mismo presidente del TSJC, comporta una serie de problemas que, en su opinión, no están resueltos, para respetar las garantías procesales, como la publicidad y la inmediatez. “Deben adaptarse las leyes ante este nuevo entorno”, advierte Barrientos.

En la Audiencia de Barcelona, según su presidente Antonio Recio, además, existe el inconveniente de que hay salas muy pequeñas donde es complicado guardar el distanciamiento social. Solo existe una en la que puedan actuar más de dos abogados: la sala llamada polivalente. De ahí que haya requerido la rápida construcción de una nueva sede de la Audiencia, prevista en unos terrenos situados delante del actual Palacio de Justicia.

Otra de las medidas que se adoptarán será la limpieza de las salas entre juicios, lo que supone una reducción de los que podrán celebrarse cada día como hasta ahora por la mañana. Está previsto también que se cambie la protección de los micros.

Miles de juicios y comparecencias suspendidas

Los datos hablan por si solos: en las 11 semanas desde el estado de alarma se han suspendido 75.306 vistas o comparecencias, como declaraciones, en los juzgados, las entradas de demandas ha disminuido, pasando de 7.825 la semana anterior al estado de alarma, a 700 en la cuarta semana o de 5.760 en la quinta. Los escritos tuvieron una evolución similar, llegando a la décima semana con un 54% menos. Los trámites procesales también han bajado: antes de la pandemia alcanzaron los 460.000 a la semana y han descendido a 211.000 (54% menos) en los últimos siete días de suspensión. Las sentencias o resoluciones han seguido el mismo camino, dictándose 42.000 cuando lo habitual eran que se redactaran 186.351 (144.351 menos).Todo ello, deberá recolocarse en esta nueva situación, en la que se impondrá, además, otras medidas esenciales, como la preservación de la salud no solo de los profesionales de la justicia, sino de todos los usuarios.